El Juzgado de Instrucción número uno de Sanlúcar la Mayor ha citado a Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg para el próximo 20 de febrero a las 10:30 horas en calidad de investigado, como representante legal de la empresa Eurotecnia Agraria, en el marco de la causa abierta por la existencia de ocho pozos supuestamente no autorizados en la finca Aljóbar, situada en el término municipal de Aznalcázar y gestionada por dicha sociedad.
En una resolución fechada el 31 de enero, el juzgado ordena la comparecencia de Martínez de Irujo y decreta el precinto de los pozos en cuestión, además de la retirada de las bombas y equipos utilizados para la extracción de agua de la Cuenca del Guadalquivir. En la misma resolución, se autoriza el uso proporcionado de la fuerza si fuera necesario para llevar a cabo estas medidas y se advierte a la parte investigada de la posible comisión de un delito de desobediencia a la autoridad judicial en caso de que se quebrante el precinto o se continúe utilizando los pozos sin autorización.
Según el juzgado, los hechos investigados podrían ser constitutivos de un delito contra el medio ambiente, dado que los ocho pozos carecen de autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y han sido utilizados sin haber sido legalizados ni contar con los preceptivos contadores volumétricos. Estas captaciones de agua ya habían sido objeto de precinto en fechas recientes por la autoridad administrativa y, de acuerdo con la instrucción judicial, volvieron a ser utilizadas sin la correspondiente autorización.
La empresa Eurotecnia Agraria reaccionó en octubre de 2023 a la investigación abierta por el Juzgado de Instrucción número uno de Sanlúcar la Mayor, tras la denuncia presentada por la Fiscalía contra la entidad y contra Eugenia Martínez de Irujo, a quien el Ministerio Público señalaba como presidenta de la misma. En un comunicado, la empresa desligó a Eugenia Martínez de Irujo de la gestión de la sociedad y aseguró que la extracción de agua "en ningún momento ha superado el volumen máximo aprobado por la CHG". Además, la entidad subrayó que Luis Martínez de Irujo es el miembro del consejo responsable de la gestión de la finca Aljóbar y que Eugenia Martínez de Irujo "no ha participado nunca en la gestión de la explotación".
El juzgado, por su parte, advierte de la posible existencia de indicios de un daño sustancial al medio ambiente debido a estas captaciones de agua no autorizadas, señalando un posible impacto colateral en el Parque Nacional de Doñana y su avifauna. Según se expone en una pericial, la sobreexplotación del acuífero podría causar daños ambientales, como el descenso de su nivel piezométrico, el deterioro de la calidad del agua por la movilización de aguas del subsuelo, la compactación del suelo y el aumento de la salinidad del agua.
