La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería ha vuelto a aplazar el inicio de la vista del caso 'Poniente' en el que se investiga una presunta trama de saqueo al Ayuntamiento de El Ejido (Almería) a través de la empresa ElSur, debido a nuevos casos de contagio por Covid-19 entre los acusados.
Fuentes jurídicas han informado a Efe de que esta mañana ha sido notificada una providencia en la que se acuerda la suspensión de las sesiones previstas para mañana, 2 de febrero, así como para los días 5 y 11 de este mes, de forma que no acusados, abogados y acusaciones han sido emplazados el próximo 16 de febrero para el inicio del juicio.
Según explica la providencia, dicha suspensión se encuentra justificada atendiendo a las alegaciones y documentos médicos presentados por las partes personadas en la causa, ya que los alegantes no podrían asistir a dichas sesiones a causa del Covid-19.
También han explicado que uno de los abogados había presentado un escrito solicitando que se suspendiese hasta el tercer trimestre del año la vista, para esperar a que hubiese un porcentaje razonable de población vacunada, marcando un nuevo calendario para la vista. A esto último se ha respondido de forma negativa, indicando que se puede suspender puntualmente pero no a seis meses vista.
Todo ello después de que también fuese suspendida la sesión señalada el pasado 26 de enero, que a su vez fue señalada después de que el 16 de enero fuese aplazado el inicio a dicho día por la incomparecencia de hasta 14 personas, 11 acusados y tres abogados, nueve de ellos por covid.
En concreto, nueve de los que no comparecieron entonces alegaron contagios por Covid-19 para no asistir al palacio de exposiciones y congresos de Aguadulce, en Roquetas de Mar (Almería), habilitado por la Consejería de Justicia para acoger este juicio con 44 acusados. Se trata de dos abogados, uno con contagio confirmado y otro en cuarentena, y siete investigados.
"A ver si conseguimos en este año celebrar este juicio", dijo entonces la presidenta de la Sección Segunda y del tribunal que enjuicia a los acusados, Társila Martínez, al inicio de la jornada del 16 de enero.
El año pasado únicamente pudieron celebrarse las sesiones previstas para las cuestiones previas de estas causa, en cuyo banquillo se sientan medio centenar de acusados con sus respectivas defensas, más las acusaciones.
El informe de la Fiscalía, de 207 páginas, señala que la empresa Abengoa habría obtenido 232,6 millones de euros por servicios de mantenimiento dentro del canon anual de ElSur y por servicios y obras fuera del mismo.
En la calificación de la Fiscalía, se solicitaban, entre otros, penas de 64 años de prisión y el pago de multas por valor de 49,8 millones de euros para el exalcalde de El Ejido (Almería) Juan Enciso, y el exinterventor municipal José Alemán, acusados cada uno de ellos de los delitos de malversación de los caudales públicos, falsedad continuada en documento mercantil, contra la Hacienda Pública, cohecho pasivo propio continuado y prevaricación continuada.
Sin embargo, tras las cuestiones previas, el fiscal Jesús Gázquez retiró la acusación por los delitos contra la Hacienda Pública en los periodos impositivos entre los años 2002 y 2005.
Ahora reclama para Enciso y Alemán 40 años de cárcel y multas de 23,2 millones de euros por 11 delitos -en lugar de 19-, entre ellos uno de malversación de caudales públicos, 8 contra la Hacienda Pública, uno de cohecho pasivo y otro de prevaricación continuada.
En febrero del año pasado la Fiscalía modificó su petición de penas para 27 de los investigados en el caso, entre ellos los principales acusados, al entender prescritos los delitos fiscales relativos a los periodos impositivos de 2002 a 2005.
Una de las reducciones más significativas fue la de Isabel Carrasco, esposa de Alemán, que pasó de una petición de 85 a 9 años de prisión, al eliminar un total de 19 delitos contra la Hacienda Pública, por los que solicitaba 76 años de presidio.
Los empresarios José Amate, Juan Antonio Galán, Ambrosio Cuevas y Jesús Aragón veían, respectivamente, cómo el fiscal rebajaba su petición de 97 a 37, de 174 a 94, de 73 a 25 y de 85 a 21 años de cárcel.
