La Audiencia Nacional (AN) ha adoptado medidas para "garantizar la confidencialidad" del plan gubernamental para limpiar el suelo con radiactividad en la pedanía de Palomares, en Cuevas del Almanzora (Almería) aportado al procedimiento contencioso-administrativo en el que se el tribunal debe decidir si obliga al Gobierno a fijar plazo para la descontaminación definitiva de la zona.
De acuerdo a las indicaciones dadas por el Ministerio de Presidencia sobre la confidencialidad de su contenido, la sala pide que le remita el Plan de Rehabilitación de Palomares en "formato papel" y acuerda que no se incorpore al expediente digital del procedimiento.
Asimismo, establece en una providencia de 13 de enero, consultada por Europa Press, que el documento que ha sido objeto de la desclasificación sea "custodiado por el letrado de la administración de justicia".
El tribunal indica que pretende que el plan, aprobado por el Consejo de Seguridad Nuclear en 2010, "solo se utilice a efectos" de resolver el pleito impulsado por Ecologistas en Acción, y que, por tanto, no llegue a trascender el contenido, que estaba bajo la Ley de Secretos Oficiales hasta noviembre, cuando el Consejo de Ministros lo desclasificación a petición de la Audiencia Nacional, aunque con restricciones.
La sala informa a las partes personadas en la causa que podrán consultar en la Secretaria de la Sección Séptima, "sin limite de tiempo" y "simultáneamente", el documento durante un plazo de 15 días, pero advierte que, si bien podrán hacerlo asistidos por asesores o colaboradores, no podrán realizar "fotocopias, fotos ni podrá reproducirse en forma alguna".
DESCLASIFICACIÓN CONDICIONADA
El Consejo de Ministros ya avisó al desclasificar, tras reiterados requerimientos de la propia Audiencia Nacional, que lo hacía a "los únicos y exclusivos efectos de su incorporación al procedimiento contencioso, con el carácter de confidencial". Para no desclasificar, el Gobierno argumentaba que necesitaba el "consentimiento" del organismo que lo elaboró, el Ciemat, y de otro lado y para el resto de documentación, "el de las autoridades de EEUU" a las que se "había cursado consulta".
Ecologistas en Acción siempre ha pedido que se aporte como prueba al procedimiento una copia completa del Plan de Rehabilitación, así como el informe del Departamento de Energía de EEUU remitido al CSN en julio de 2015 y el anexo del acta de la sesión celebrada por el regulador atómico ese mismo mes en el que se recogen los niveles de intervención para la restauración y, por tanto, el volumen de tierra contaminada a limpiar.
La Abogacía del Estado siempre también lo ha rechazado alegando que se trataba de un documento que "no elaboró" el CSN sino el Ciemat y que este organismo se lo hizo llegar "con carácter confidencial", por lo que "no podía realizar la aportación del mismo".
En esta misma línea, ha sostenido en todo el pleito que el informe del Departamento de Energía de EEUU remitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores al CSN en julio de 2015 fue calificado como confidencial de acuerdo a la Ley de Secretos Oficiales por el propio ministerio y que el Departamento de Energía de USA entregó los documentos así, "lo que obligaría al Estado español a mantener dicha confidencialidad ya que la procedencia de los documentos es de un estado extranjero".
Ecologistas en Acción llevó a la vía judicial una resolución del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de enero de 2017 en el que rechazaba proceder a la "clausura de la instalación nuclear y el área contaminada de Palomares "con fijación de plazo para llevar a efecto, y a la espera de encontrarles almacenamiento definitivo, el almacenamiento temporal de la tierra resultante del tratamiento de los 50.000 metros cúbicos de tierra contaminada" previstos en el citado plan de rehabilitación.
La Audiencia Nacional concluyó tras la práctica de la prueba que, en dicha resolución recurrida, el regulador atómico "reconocía" que se había "valorado la posibilidad de diversas soluciones en relación a la liberación de partículas ionizantes en los alrededores del pueblo de Palomares en 1966" y que, por tanto, era "necesario conocer los planes que se han elaborado" para descontaminar para decidir si obligaba a su ejecución.
OTRA DOCUMENTACIÓN BAJO LEY DE SECRETOS OFICIALES
La Audiencia Nacional ha rechazado recientemente, al estar el procedimiento visto para sentencia, pedir de nuevo al Gobierno que se aporte el informe que el CSN aprobó en julio de 2015 sobre la limpieza de los terrenos contaminados y que, según Ecologistas en Acción, modifica los criterios radiológicos contenidos en el Plan de Rehabilitación.
En el documento cuestionado por el colectivo, el regulador atómico admite que se ha rebajado el volumen de tierra contaminada con radiactividad en Palomares que debe ser retirada en virtud de la declaración de intenciones firmada entre España y EEUU precisamente en 2015 si bien no precisa en cuanto con respecto al plan de rehabilitación que prevé la limpieza de 50.000 metros cúbicos de suelo.
En su día, el CSN aportó un documento que "no era copia certificada" del informe aprobado en el citado pleno de julio de 2015 y se acogía para negar el informe completo a la normativa sobre secretos oficiales que se aplica a "todo el proceso relativo a Palomares" desde acuerdo de Consejo de Ministros de 15 de octubre de 2010.
Ecologistas en Acción sostiene que ese cambio que admite el regulador atómico se ha producido "a instancias" del Department of Energy (DOE) de EEUU y asegura que, para ello, se "han aumentado los criterios radiológicos para considerar necesaria una intervención de 1 mSv/a hasta 4 mSv/a", lo que habría permitido la firma de la declaración de intenciones con EEUU para la gestión y almacenamiento de los residuos generados en la limpieza por parte del gobierno estadounidense.
El objetivo, según añade el colectivo, sería que, de la limpieza de 50.000 metros cúbicos de tierra, se pasaría "únicamente a limpiar 28.000 metros cúbicos de tierra contaminada", lo que reduciría de 6.000 a 3.300 metros cúbicos el volumen de tierra que debe almacenarse en EEUU.
