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Almería

Piden informe sobre falta de personal del juzgado para cláusulas suelo

Tras tener conocimiento de las quejas sindicales sobre la falta de personal con la que nace este nuevo órgano

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  • Juzgados. -

El Defensor del Pueblo Andaluz ha solicitado a la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía que le remita un informe sobre la situación de la plantilla en el Juzgado de Primera Instancia número 9 de Almería, designado como especializado para abordar demandas por cláusulas suelo, tras tener conocimiento de las quejas sindicales sobre la falta de personal con la que nace este nuevo órgano, en funcionamiento desde hace unos meses.

La actuación, iniciada de oficio, reclama también a la Junta que en dicho informe exponga qué soluciones prevé dar a la circunstancia expresada "al objeto de poder también dar cuenta a la ciudadanía y a los operadores jurídicos", según recoge en su escrito, consultado por Europa Press.

La oficina que dirige Jesús Maetzu se remite a las declaraciones que algunas organizaciones sindicales han expresado en los medios sobre la situación de falta de personal del órgano inicialmente competente en la Ciudad de Almería para resolver las demandas por cláusulas suelo.

Así, y "a falta de conocer el criterio" de la Consejería, el Defensor apunta a los cálculos de los representantes sindicales, quienes señalan que "la dotación ofrecida al juzgado supone un recorte del 50 por ciento de la plantilla", lo que es un "despropósito y escándalo".

"No resulta necesario recordar la sobrecarga de trabajo que pesa en estos órganos judiciales y el impacto que esta potencial litigiosidad está provocando en su funcionamiento ya de por sí absolutamente saturado de asuntos", advierte el Defensor del Pueblo Andaluz al respecto.

La oficina recuerda además que ya tramitó dos quejaspara estudiar los mecanismos de organización que se estudiaban aplicar en los juzgados andaluces para atender las reclamaciones derivadas de la situación del colapso de asuntos judiciales por cláusulas suelo, por las que emitió una serie de recomendaciones que fueron tenidas en cuentas tanto por la Junta como por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

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