La Fiscalía va a solicitar penas de tres años de cárcel para dos hermanos acusados de subarrendar un local que habían alquilado a una inmobiliaria y del que tenían una orden judicial de desahucio, y estafar de este modo a dos mujeres más de 33.000 euros.

   El escrito de calificación provisional, al que tuvo acceso Europa Press, indica que ambos hermanos suscribieron en noviembre de 1996 un contrato de arrendamiento con una inmobiliaria para un local en el que pretendían explotar un café-bar-restaurante, prorrogándose dicho contrato anualmente.

   Ambos dejaron presuntamente de pagar la renta desde septiembre de 2005 a diciembre de 2006, por lo que la inmobiliaria interpuso una demanda de desahucio que se resolvió con sentencia firme en abril de 2007, declarando resuelto el contrato de arrendamiento y condenando a ambos a dejarlo libre y expédito.

   Con posterioridad se produjo una segunda sentencia por un segundo impago, desde enero a mayo de 2007, pese a lo cual, según remarca el Ministerio Público, ambos, puestos de común acuerdo y con ánimo de lucro y defraudatorio, suscribieron un documento privado de subarriendo de parte del citado local con dos mujeres "sin poner en su conocimiento las circunstancias en las que se encontraba el contrato de arrendamiento".

   El acuerdo cedía a las arrendadoras la explotación de parte del local para cafetería por un periodo de seis años, con una renta mensual de 1.283 euros y 60.000 euros en concepto de traspaso.

   Como ambas desconocían que iban a ser desahuciados por falta de pago, aceptaron y firmaron, "logrando así los acusados que les entregaran en el momento de la firma 15.000 euros, posteriormente otros 6.000 euros en efectivo, así como el importe correspondiente a la renta desde abril de 2007 hasta febrero de 2008".

   En la anterior fecha, la inmobiliaria les informó de que debía abandonar el local por desahucio, "ignorando los subarrendatarios la existencia de tales sentencias y continuando abonando la renta pactada y sin que los hermanos les hayan devuelto las cantidades que abonaron".

   El fiscal interesa para J.S.T. y D.S.T., además de la pena privativa de libertad por un presunto delito de estafa, que indemnicen con 33.830 euros a las perjudicadas.