Los acusados de integrar una red dedicada a traer compatriotas de Rumania hasta España para obligarles, una vez aquí, a ejercer la mendicidad, ha negado los cargos que se les imputan y han asegurado que las supuestas víctimas eran "conocidos" de su pueblo natal que convivían con ellos en régimen de "alquiler" y "entraban y salían con toda libertad".

   Han negado, asimismo, que su modo de vida se basase en el dinero de las limosnas que, al parecer, forzaban, así como que ejerciesen violencia física contra ellos al tiempo que han asegurado que los bienes intervenidos, así como los tres vehículos, dos de ellos de alta gama, provenían de sus ingresos en "trabajos temporales" y compraventas de "segunda mano".

   En la primera de las cinco sesiones programadas en la Audiencia Provincial de Almería contra seis integrantes de un mismo clan y con la asistencia de un intérprete, el acusado Fanel M., de 42 años, ha asegurado que a uno de los denunciantes le dio "cobijo para unos seis o siete días" tras encontrárselo "por la calle" y que le echaron de casa "porque acostumbraba a tomar alcohol y drogas" y temían "por los niños".

   Ha afirmado que "para nada" le obligó "nunca" a ejercer la mendicidad, que "no le quitó la documentación", y que tampoco "ejerció violencia física contra él" al tiempo que ha indicado que, cuando le "echaron" supuestamente, se dejó en casa "sus cosas" para el explicar el hecho de que la Policía Nacional encontrase sus efectos personales en los registros por orden judicial que se efectuaron en el marco de la operación 'Lazarillo', en 2012.

   Tras reconocer que tiene antecedentes policiales por mendicidad en Valencia, ha señalado que trabaja de manera "esporádica" en invernadero "con jornales de 30 euros", que tiene "facturas" de una conocida tienda-franquicia de compraventa de los móviles y equipos informáticos que se hallaron en su casa, y con los vehículos, aunque puestos "a su nombre", primero ha dicho que eran "de toda la familia" y después que eran propiedad de su yerno, el también acusado Robert I., quien se dedicaba a adquirirlos en "mal estado, para repararlos y negociar con ellos".

"PARA NADA ME LLEVABA BENEFICIO"

   A preguntas de su defensa, ha rechazado ser "el jefe" de una comunidad rumana en la capital y ha dicho que es "un ciudadano más" y que otra de las supuestas víctimas es "su cuñado, viudo". "A veces encontraba trabajo y, a veces, tenía que mendigar para mandar dinero a sus hijos menores. Para nada me llevaba beneficio de lo que tenía", ha trasladado.

   Sobre la tercera de las supuestas víctimas, ha reconocido que vivía con su hermano, Adrian M., quien también se ha sentado en el banquillo, que estuvo con él de "alquiler" tres años, "que trabajaba en un bar de la calle Murcia, y que estuvo en un bautizo familiar con una novia" para concluir achacando las imputaciones a una posible venganza.

   "Nunca le pegué con un palo, ni con un cable, ni le quemé las plantas de los pies con un mechero ni le he pasado por encima de estos con la rueda de un coche; es imposible, para nada", ha añadido.

   En la misma línea se ha pronunciado su esposa, Mandica M., quien ha asegurado que sus ingresos provenían de su trabajo "como cuidadora de dos gemelos por 800 euros al mes" aunque cuando fue detenida "no podía por una alergia en las manos que todavía tengo" y ha respaldado la declaración de su marido negando que fuese ella la que contactó en Rumanía con el padre del principal denunciante para traerlo mediante "engaños" a España.

   En la vista oral, que continúa este jueves, la Fiscalía imputa a los tres hermanos, las esposas de dos de ellos y un yerno la comisión de un delito de trata de seres humanos, e interesará penas individuales de nueve años de prisión en la vista oral señalada en cinco sesiones en la Sección Tercera.

   El Ministerio Público, además, interesa que, de ser condenados, no se les conceda el tercer grado penitenciario hasta el cumplimiento de la mitad de la pena y que los acusados indemnicen conjunta y solidariamente a dos de sus víctimas, testigos protegidos en la causa, con 30.000 euros por daños morales.

   Según indica el Ministerio Público en su escrito de calificación provisional, consultado por Europa Press, todos los miembros de clan carecían de actividad laboral y "se pusieron de acuerdo" para tejer la trama con el objetivo de "sufragar sus necesidades económicas".

   Conforme a este plan contactaban, a través de otros familiares, con personas residentes en Rumanía que por su situación económica necesitaban trabajo y les ofertaban la realización de labores en el campo en Almería. Además, se ofrecían a sufragar el coste del viaje y a proporcionales alojamiento.

   Una vez llegaban a la provincia, según mantiene la fiscal, les obligaban, bien mediante violencia física bien con violencia psíquica, a que ejerciesen la mendicidad en distintos puntos de la ciudad almeriense y les forzaban a entregarles el dinero obtenido.

   Con estos ingresos, los procesados compraban bienes como ordenadores, teléfonos móviles, cargadores de teléfono o gafas de sol que, posteriormente, dedicaban a la venta a terceros.

ENGAÑO EN SU PAÍS DE ORIGEN

   El escrito detalla que la trama, en concreto el acusado Fanel M., contactó a finales de 20111 con una de las víctimas, liberada en la operación policial denominada 'Lazarillo, y que lo hizo a través del padre del acusado para ofrecerle un trabajo en el campo, además de pagarle el trayecto en autobús hasta Almería.

   Cuando llegó a la capital, se trasladaron juntos a uno de los domicilios del clan, en la calle Doctor Carracido, y una vez que estaban allí, junto a su esposa Mandica M. y su yerno Robert I., también enjuiciados, Fanel M. le dijo que "le iba a matar si no hacía lo que le decía" al tiempo que le quitaba su documentación personal.

   A partir de ese momento, según remarca el Ministerio Público, "quedó en manos de los procesados" y comenzó a ejercer la mendicidad en distintos puntos de la ciudad, generalmente a las puertas de un supermercado y vigilado "aleatoriamente" por los integrantes del clan, quienes "se aseguraban de que pedía dinero en el lugar indicado".

JORNADAS INTENSIVAS EN CALLES Y BARES

   Durante aproximadamente un año, la víctima estuvo mendigando diariamente, en horario de 09,30 horas a 15,00 horas, y de 16,00 horas a 22,00 horas, y entregando "todo el dinero que conseguía" a Fanel M., quien le proporcionaba ropas viejas y distintos carteles confeccionados con frases "acordes a su labor".

   Asimismo, fue "objeto de agresiones físicas" por parte de este procesado, de sus hermanos Adrian M. y Niculae M., así como de Mandica M. y Robert I., quienes le amenazaban también presuntamente con "darle palizas o incluso matarle si les desobedecía".

   El mismo 'modus operandi' usó el clan con otra de las víctimas, a quien en un principio se le prometió compartir las ganancias aunque luego no fue así. En su caso, también se le obligaba a mendigar de madrugada por bares y locales una vez que cerraban los centros comerciales y se le prohibía salir del domicilio en el que le tenían retenido si no era para "trabajar".

   La séptima procesada, Mariana R., era la encargada de controlar que no abandonasen las viviendas las víctimas, que tampoco podían contactar con sus familias en Rumanía. De hecho, según la Fiscalía, en una ocasión, uno de ellos pidió permiso y Adrian M. "le abofeteó al tiempo que le decía que si insistía, le sacaría toda la sangre del cuerpo".

   En la operación policial, que estalló el 28 de noviembre de 2012, se registraron los dos domicilios usados por el clan, el segundo de ellos en la carretera de Los Molinos, y se intervinieron, además de diversos bienes, cuatro vehículos de alta gama "adquiridos con las ganancias de la ilícita actividad a la que se venían dedicando".