El presunto fraticida de Gérgal (Almería), Juan L.C., se enfrenta a penas que suman 59 años de prisión acusado de acabar a tiros con la vida de su hermana en octubre de 2013 y causar heridas de gravedad a la pareja de su sobrina y a una vecina que, en el momento de los disparos, pasó la calle Redentoristas de este municipio almeriense.
La Fiscalía recoge que Juan L.C., de 53 años, actuó "resentido" y "en represalia" porque su sobrina le había denunciado ante la Guardia Civil por la apropiación de unos muebles de su propiedad que él le guardaba en un almacén y que, en la mañana en la que sucedieron los hechos, decidió matar al marido de esta y a "cualquier persona que le acompañara a recoger esos muebles".
Para ello, se habría atrincherado en la planta superior de un inmueble y habría comenzado a disparar a "una distancia de menos de tres metros" contra su hermana, el yerno de esta, una tercera persona que había acudido para ayudar a transportar los muebles y a la vecina, quien se había parado para "charlar" con la fallecida tras encontrársela al pasar por la calle.
El Ministerio Público imputa a Juan L.C., quien tuvo en jaque a la Guardia Civil durante más de 16 horas acordonando su casa hasta que se produjo su detención tres días después del crimen, la presunta comisión de un delito de asesinato, tres asesinatos en grado de tentativa, un delito de tenencia ilícita de armas y un delito contra la administración de Justicia.
El escrito de calificación provisional, al que tuvo acceso Europa Press, indica que la sobrina del procesado formuló, el 15 de septiembre de 2011, una denuncia ante la Guardía Civil en la que relataba que su tío se había apropiado de unos muebles de su propiedad que él guardaba en un almacén. En la denuncia figuraba como testigo sus esposo.
El atestado policial dio lugar a la apertura de unas diligencias previas en el Juzgado de Instrucción 3 de Almería y, con posterioridad, a la apertura de juicio oral contra Juan L.C. contra el que la Fiscalía formuló acusación. Para la vista oral, ante el Juzgado de lo Penal 1, se citó como testigos al matrimonio denunciante.
Un vez llegó el día del juicio, tío y sobrina hablaron y el primero accedió a restituir los muebles que se le reclamaban. En concreto, acordaron que el marido de ella pasaría a recogerlos en la mañana del 6 de octubre, por lo que la vista oral se suspendió, señalándose de nuevo para cuatro días después de la fecha fijada para la entrega.
El Ministerio Público recoge que habría sido entonces cuando Juan L.C., "resentido por el procedimiento judicial seguido contra él" y en "represalía, decidió a acabar con la vida" de su sobrino político, "así como de cualquier otra persona que decidiese acompañarle a recoger los muebles".
Para tal fin, según remarca, en la mañana del 6 de octubre de 2013 se apostó en la primera planta del edificio en cuyo bajo se localizaba el almacén, "armado con una escopeta del calibre 12 milímetros de caracteristicas similares al de una semiautomática de la marca 'Beretta' con munición del calibre 12 aunque cargados con perdigones del tamaño denominado de 'sexta'".
Los hechos se desencadenaron a las 10,00 horas cuando acudieron a la calle Redentoristas el marido de su sobrina, la suegra y hermana del procesado, y un tercer hombre a quien le habían pedido ayuda para transportar los muebles hasta una furgoneta. En ese momento, también se sumó al grupo una vecina del pueblo que, "por ser conocida de la mujer, se paró para charlar con ella".
DISPAROS REPETIDOS
Según el relato de la Fiscalía, un cuarto de hora después, el procesado, desde una "distancia de poco más de tres metros y sin mediar palabra para asegurar la ejecución de su plan", efectuó un primer disparo contra J.O.L., que le alcanzó en el costado.
"A continuación, de forma inmediata, disparó contra su hermana, Isabel L.C., a quien dio en el tórax y contra la vecina, M.V.E.A., a quien alcanzó en el brazo", señala el escrito, que añade que también disparó contra el amigo que les iba a ayudar aunque "como ya había comenzado a correr, los perdigones pasaron muy cerca de su cara pero sin darle".
Juan L.C. no cejó en plan y, presuntamente, bajó a la calle y comenzó a perseguirle, "efectuando algún que otro disparo contra él pero sin alcanzarle" con un arma para la que no tenía licencia y que, por otro lado, no pudo ser hallada en el transcurso de la investigación.
Isabel L.C. falleció como consecuencia de la "destrucción de centros vitales" como riñón e hígado, así como por afección del sistema vascular del brazo y hepático mientras que su yerno tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de urgencia y tardó en curar de las heridas 180 días, si bien le han quedado como secuelas cicatrices "muy marcadas en el flanco abdominal y la zona lumbar, con cuerpos extraños correspondientes a perdigones".
La vecina sufrió graves heridas por las que ha precisado tratamiento médico y quirúrgico, y de las que, a fecha de enero de 2015, "aún no ha sanado, estimándose que le quedarán como secuelas un importante perjuicio estético y un importante défícit funcional del brazo izquierdo".
La Fiscalía va solicitar en la vista oral una pena de 19 años por la muerte de Isabel L.C. mientras que interesará penas de 12 años de prisión por cada uno de los tres intentos de asesinato, a lo que hay que sumar tres años de cárcel por delito contra la administración de Justicia y 12 meses por un delito de tenencia ilícita de armas.
En esta línea, pide que Juan L.C. indemnice a su cuñado y a cada uno de sus sobrinos con 150.000 y 50.000 euros, respectivamente, y con 190.000 euros a la vecina. Para su sobrino político, interesa una indemnización de 39.900 euros.
SITIO DE LA GUARDIA CIVIL
Cabe recordar que el crimen perpetrado supuestamente por el conocido en el pueblo como 'El Cascapolos' dio lugar a que se activase un fuerte e intenso dispositivo por parte de la Guardia Civil que mantuvo acordonada la vivienda en la que residía durante más de 16 horas después de que un vecino informase de que lo había visto refugiarse allí. Incluso un negociador trató durante toda una madrugada que el hombre, al que se hacía dentro del inmueble, depusiera su actitud y se entregara.
Días después, el teniente coronel jefe de la Guardia Civil de Almería, Francisco Jiménez, informaba de que Juan L.C. no estaba finalmente en el interior de la vivienda vigilada y que había sido detenido en el exterior gracias a la alerta de un vecino que guió a los agentes hasta su paradero.
La búsqueda se extendió durante tres jornadas en la que se exploró el municipio y buena parte de la Sierra de los Filabres, así como un cortijo en el que pasó "un periodo indeterminado de tiempo".
