Sindicalistas de UGT Córdoba se han concentrado este miércoles ante la sede provincial del sindicato para manifestar su apoyo a los dos profesores del instituto de Fuente Palmera (Córdoba) condenados a sendas multas de 3.600 euros por un delito de homicidio por imprudencia profesional menos grave, por la muerte accidental por ahogamiento en 2018 de un alumno de 13 años durante una actividad extraescolar.
Desde UGT Servicios Públicos (SP) Enseñanza Córdoba han querido trasladar, una vez más, su "condolencias a la familia" del alumno fallecido, "por la terrible pérdida", si bien entienden en el sindicato que "la condena a los profesores por este desgraciado accidente pone de manifiesto la situación de total vulnerabilidad jurídica del profesorado en el ejercicio de su profesión, pues han sido condenados dentro de las actividades extraescolares que tenían programadas".
De hecho, según han señalado desde el sindicato, "la sentencia aclara que la actividad estaba impecablemente preparada", en cuanto a "permisos, autorizaciones de los padres, etcétera", y a ello se suma que, "tanto bomberos, como Guardia Civil, aseveraron que era una zona apta para el baño" aquella en la que se produjo el siniestro, siendo también un "hecho demostrado de que ni los propios compañeros del alumno que estuvieron junto a él se percataron de nada", y que "los dos profesores estuvieron en todo momento pendientes de sus alumnos".
Sin embargo, según han lamentado en el sindicato, "se les considera responsables de un homicidio por imprudencia profesional y, además de estar cinco años con antecedentes penales, se les impone una multa y una elevada indemnización a la madre del alumno fallecido", a lo que "hay que añadir el pago de las costas, por valor cercano a los 25.000 euros por profesor".
Por ello, "y con el respeto debido a las decisiones judiciales", en UGT SP Enseñanza Córdoba creen que "no se debería haber condenado a estos profesores como homicidas imprudentes por un desafortunado accidente", evidenciando la sentencia que los profesores, en el ámbito de las actividades extraescolares, "están totalmente desprotegidos, como si de una actividad privada se tratara, teniendo que responder penalmente sin ningún tipo de cobertura ni respaldo de la Administración, en una labor que va más allá de lo que puede ser exigible a un docente".
De hecho, desde UGT SP Enseñanza se lleva "mucho tiempo exigiendo a la Administración que dote de seguridad jurídica a los docentes en su labor diaria, pues no se entiende para qué sirven entonces todos los documentos que les obligan a firmar para exonerarlos de responsabilidad en determinadas situaciones, dejando sin efecto las autorizaciones firmadas por los tutores legales en las que se detalla el perfil de la actividad y, en su caso, los riesgos que conlleva".
De lo contrario, "se producirá un daño a la educación en general, pues qué docente en su sano juicio se expondrá a partir de ahora a realizar una actividad extraescolar, sabiendo que pondrá en riesgo su carrera y su vida personal, pues, si ocurre una desgracia, la Administración lo dejará solo".
