Justo antes de que irrumpiera el coronavirus en marzo del año pasado, cayó El Ronco. Viejo conocido de la Guardia Civil, el veterano cazador furtivo de Alcalá de los Gazules lo puso difícil. Los investigadores aseguraron que conoce perfectamente el campo porque se crió en él con su padre, cabrero y guarda de una finca. Y, como otros en la zona, El Chicharra de Paterna o El Perdigón de Benalup, también controla todas las técnicas tradicionales para cobrarse sus piezas sin ser descubierto, incorporando para ello innovaciones como intensificadores de visión para actuar de noche o supresores de sonido para no alertar de su presencia en las fincas en las que se colaba.
La actividad, apuntan fuentes del Seprona, ha disminuido en general con respecto a décadas anteriores, cuando aún era una cuestión de superviviencia regida por un código moral, como quedó retratado en la popular novela de Luis Berenguer El mundo de Juan Lobón. Ahora simple y llanamente es una actividad ilícita, especialmente intensa durante la berrea, y cruel que, por ejemplo, no hace distingos si las hembras están embarazadas. El Ronco tenía retirada la licencia de armas cuando fue detenido y, además, cuenta en su historial con antecedentes por agresión sexual y su participación en una reyerta. En otras ocasiones, la caza ilegal y el narcotráfico van de la mano.
En cualquier caso, perseguir el furtivismo sigue obligando a los miembros especializados de la Benemérita a invertir gran parte de sus recursos humanos y materiales, desde cámaras isotérmicas camufladas en el monte, hasta helicóptero. “La colaboración ciudadana es igualmente clave”, apuntan las mismas fuentes del Instituto Armado. “Todos los cotos de la zona tienen vigilancia privada”, apunta, por su parte, José María Clavijo, presidente de la Sociedad de Cazadores Malvis, de Benalup, que suscribe la información facilitada por el Seprona sobre los tipos de furtivismo.
“Encontramos, por un lado, a quienes se trasladan desde otros puntos de la geografía nacional a Cádiz, se plantan en mitad del campo en plena madrugada, acompañado de alguien del lugar, que sirve de guía, y, a cambio de 3.000 o 4.000 euros, abaten algún animal para llevárselo como trofeo”, relatan. “Es una cuestión de postureo y de adrenalina, de morbo, de hacer algo que está prohibido”, agregan.
Por otro, la Guardia Civil combate el furtivismo más habitual que comercia con la carne. “Un venado de menos de 100 kilos se coloca en el mercado por unos 50 o 60 euros; a partir de 100 dobla su precio”, explican las mismas fuentes. Dinero fácil: sin inversión apenas, todo son beneficios. Despellejan a las bestias y las despiezan en el mismo lugar y ahí mismo abandonan los restos de la carnicería.
En caza mayor, son comunes las rondas (realizada a pie o a caballo, ayudados de perros de busca, acoso y agarre), aguardos (en puesto fijo, donde se espera la entrada o paso de una especie hacia un comedero o sitio con querencia), recechos nocturnos (el cazador, tras localizar la pieza, se aproxima a ella, hasta encontrarse a distancia de tiro o bien la espera en un lugar determinado) o el uso de lazos.
En cualquiera de estas modalidades, no se cumplen las medidas sanitarias necesarias para garantizar la seguridad alimentaria porque las piezas se cargan en un vehículo y acaban seguidamente en las cocinas en ventas y restaurantes o en celebraciones privadas. Para caza menor, también se usan otras técnicas, como el trampeo, o la colocación de perchas, que se consideran un medio no selectivo y masivo, donde puede caer cualquier especie protegida, no necesariamente la que espera quien las coloca.
Todavía hay que sumar otras dos prácticas ilegales muy extendidas. Una, la captura de aves migratorias, cuyo paso por el Estrecho de Gibraltar es obligado. Un jilguero alcanza los 50 euros de precio en el mercado silvestrista. La otra genera más beneficio todavía y requiere de personal. Se trata de la captura de la perdiz roja. Buscan ejemplares machos. Por cada pollo, los delincuentes se embolsan entre 150 y 200 euros. Actúan organizados, con grupos de hasta cinco personas distribuidos por las fincas, que hacen uso de zarampañas, cayendo sobre las aves agrupadas o colocan redes de paño de hasta 40 metros, para ganarse unos 50 euros por cada jornada de trabajo.
Lo peor de todo es que “muchos de ellos hasta toman café en el bar de la asociación”, advierte Clavijo. “Vecinos con un historión, que no saben hacer otra cosa”, lamenta.
