El teniente de alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente y Transición Ecológica del Ayuntamiento de Huelva, Manuel Gómez Márquez, ha anunciado el inicio de los trabajos para proceder al cerramiento del Cabezo Roma, también conocido como Cabezo de Diputación. De esta forma, el Consistorio se hace cargo del vallado de la zona para garantizar su custodia y protección, como requisito indispensable para acometer la intervención arqueológica convenida con la Junta de Andalucía tras la denuncia interpuesta alertando sobre un posible expolio de restos.
Como ha explicado el teniente de alcalde, "tras instar a los propietarios del terreno, a través de su Junta de Compensación, a realizar el vallado y ante la demora en el cumplimiento de la orden de ejecución emitida, desde el Ayuntamiento se ha decidido asumir la actuación mediante ejecución subsidiaria para agilizar el inicio de la investigación arqueológica".
Según ha indicado el Consistorio en una nota de prensa, los trabajos se están desarrollando bajo la supervisión de los técnicos de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, cumpliendo el compromiso adquirido de colaborar y coordinar conjuntamente el procedimiento a adoptar.
Se trata, ha señalado Gómez Márquez, de "acelerar los trámites para poder llevar a cabo la intervención que permita valorar el hallazgo arqueológico, los posibles daños causados y arbitrar las acciones de protección que procedan". Concretamente, la intención de la Junta de Andalucía es evaluar la pérdida de materialidad del registro arqueológico, así como prevenir la destrucción de las unidades estratigráficas.
El concejal ha recordado que "aunque este promontorio está fuera de la Zona Arqueológica de Huelva --declarada BIC (Bien de Interés Cultural) por la Junta de Andalucía-- y no está sometida a protección, al encontrarse en sus inmediaciones debemos verificar si ha existido un posible atentado contra el patrimonio de la ciudad".
En este sentido, Manuel Gómez ha apuntado que "defender nuestro legado histórico debe ser una obligación de todos los ciudadanos, con las Administraciones por delante, por lo que ante posibles ataques, debemos ir más allá de las estrictas obligaciones legales".
