La Guardia Civil ha detenido a cinco directivos de Recilec, una empresa de reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos de Aznalcóllar (Sevilla), a la par que investiga a dos trabajadores, a quienes les imputa delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales, traslado transfronterizo de residuos, contra los derechos de los trabajadores, estafa, falsificación documental, apropiación indebida, administración desleal, además de la posible implicación de uno de ellos en blanqueo de capitales.
En un comunicado, la Guardia Civil detalla que la operación 'Raecash' comenzó hace tres años a raíz de una información del Seprona relacionada con traslados transfronterizos de residuos peligrosos que procedían de Gibraltar con destino a la empresa investigada. En este sentido, el instituto armado ha constatado la "posible falsificación de certificados en los que se aumentaban las cantidades de residuos que se habían tratado".
De esta manera, indica que se incrementaban los beneficios económicos, por lo que el fraude "ha podido superar los 16 millones de euros en los últimos años", según la investigación.
La empresa mercantil investigada acapara la totalidad de los residuos que poseen gases refrigerantes que se generan en toda Andalucía. Los residuos "supuestamente reciclados" son aparatos como frigoríficos, cámaras refrigerantes, aires acondicionados y, sobre todo, los conocidos como termos eléctricos, cuyo aislante posee el citado gas y que, en el caso de no recuperarlo, se emite directamente a la atmósfera.
Recuerda que la emisión de estos gases es especialmente perjudicial para la capa de ozono, además del riesgo que conlleva tanto para el medio ambiente como para la salud de las personas.
Además de los gases refrigerantes, el Seprona ha detectado la presunta falta de tratamiento de otros tipos de residuos considerados muy peligrosos, cuya manipulación "podría haber puesto en riesgo la salud de los trabajadores de la empresa, además de provocar daños en el medio ambiente".
En este sentido, según un informe pericial aportado por la Unidad Central de Medio Ambiente de la Guardia Civil, sólo la emisión de gases ha podido producir un daño irreparable a la atmósfera valorado en aproximadamente ocho millones de euros en los años investigados.
Tras la finalización de su vida útil, los residuos que se producen de los aparatos eléctricos y electrónicos --denominados RAEE--, necesitan de un tratamiento para su correcta eliminación, sufragado por los productores de electrodomésticos, los fabricantes. Esta gestión es canalizada a través de los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor (Scrap), organizaciones sin ánimo de lucro, que financian a los gestores de residuos que realizan el citado tratamiento.
En las inspecciones que ha realizado el Seprona, se ha podido comprobar la "falta de control e incorrecto tratamiento de los denominados RAEE, cuya normativa vigente, insta a su reutilización". De acuerdo con las diligencias entregadas en el Juzgado número 4 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), no se descartan nuevos implicados en otras provincias de Andalucía.
