El teniente de alcalde de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, Javier Bello, ha señalado que el grupo municipal popular presentará a aprobación del pleno ordinario del mes de julio, que tiene lugar esta tarde, una moción de urgencia que insta al gobierno de España a “flexibilizar las reglas para que las entidades locales puedan utilizar sus superávits para implementar aquellos servicios y medidas que permitan actuar contra la pandemia, siempre en coordinación con las Comunidades Autónomas y el Estado”.
La propuesta insta al gobierno central a “no utilizar la crisis del Covid-19, ni otros subterfugios legales, para apropiarse de los ahorros de las entidades locales vulnerando preceptos constitucionales y leyes en vigor”, así como a “respetar y garantizar la autonomía que la Constitución Española y las leyes otorgan a las entidades locales para la gestión de sus recursos, para la gestión del dinero público que es de todos y cada uno de los españoles, no de un gobierno en concreto”.
La propuesta que se somete a aprobación insta al ejecutivo nacional a validar en el Congreso de los Diputados, “ante los legítimos representantes de todos los españoles”, las modificaciones que pudieran producirse en alguna de las leyes que afectan a la autonomía, hacienda o estabilidad financiera de las entidades locales, “dado que la declaración del Estado de Alarma no interrumpe el normal funcionamiento de los poderes del Estado”, además de solicitar que se cumpla “lo acordado por la FEMP y el Gobierno de España en la reunión de 20 de abril de 2020 en la que estuvo presente el Presidente del Gobierno y en la que se acordó que no se planteasen cambios en el Congreso sin estar previamente consensuados con las entidades locales”.
El teniente de alcalde de Economía y Hacienda recuerda que la Constitución recoge en su artículo 137 que los municipios gozan de autonomía para la gestión de sus intereses y en el 142 que las Haciendas locales “deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas”, apuntando que en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local se establece, entre otros puntos, que “la cooperación económica, técnica y administrativa entre la Administración local y las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos de interés común, se desarrollará con carácter voluntario”.
Javier Bello, que menciona las declaraciones efectuadas por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el pasado 30 de abril, cuando hizo alusión en el Congreso a la posibilidad de llegar a un acuerdo con la FEMP para que la utilización del superávit municipal se pueda emplear para cubrir aquellos a los que el resto de administraciones no puedan llegar, afirma que el superávit que el Ayuntamiento de El Puerto consiga en 2019 se produce “por una gestión eficiente y rigurosa de sus recursos”.
Bello González, quien subraya que en la crisis sanitaria, social y económica derivada de la pandemia provocada por el Covid-19 las entidades locales han sido las primeras en implementar medidas para contener la expansión del virus y de apoyo a la población más vulnerable, ampliando por ejemplo los servicios de ayuda a domicilio, además de ir por delante en la conversión de muchos servicios públicos de modalidad presencial a telemática, considera que las entidades locales “no pueden ser la tabla de salvación para un gobierno que, desde junio de 2018, ha sido incapaz de aprobar unos Presupuestos Generales del Estado, ha estado más pendiente de la propaganda que de la gestión seria y rigurosa de los recursos de todos los españoles, ha negado a Corporaciones Locales y Comunidades Autónomas los ingresos que les corresponden por ley (como demuestra el impago del IVA de diciembre de 2017) y ha conseguido el gran logro de incrementar el déficit público español por primera vez desde 2012”.
