Un vecino de Madrid ha sido denunciado por la Policía Local de Málaga tras enviar una cría de serpiente en una caja de cartón precintada y sin ventilación, por lo que podría haber incurrido en un supuesto delito de maltrato animal.
Los hechos ocurrieron hace unos días cuando el comprador del animal, al percatarse de cómo le habían enviado la cría, solicitó la presencia de los agentes, que comprobaron que éste había pagado 35 euros a un particular tras comprarle a través de internet la conocida como serpiente de hocico de cerdo.
El vendedor se la había enviado a través de una empresa de transportes no autorizada para el envío de animales vivos, en una pequeña caja de cartón precintada sin ventilación alguna, con el consiguiente peligro para la vida del animal.
Cuando los agentes se pusieron en contacto con el vendedor, este manifestó que lo hizo de ese modo porque le salía más económico y no le iba a pasar nada al animal.
Por su parte, la persona encargada de la empresa de mensajería dijo desconocer el contenido del paquete recibido para su entrega, así como que momentos antes habían recibido llamada telefónica del remitente del envío, quien indicó que no le hicieran entrega del paquete al destinatario bajo ningún concepto y había solicitado su devolución.
Al desconocer el estado en el que se encontraba el animal, los policías locales abrieron el paquete en la oficina de la empresa de mensajería, una caja cuadrada de unos 15 centímetros de ancho en cuyo interior existía un revestimiento de corcho donde se alojaba otra pequeña caja de plástico con agujeros muy finos donde estaba viva la cría de serpiente.
A criterio de la Policía, el vendedor pudo incurrir en un presunto delito de maltrato animal al enviar la cría de serpiente través de una empresa de mensajería no homologada en una pequeña caja de cartón precintada y sin ventilación, lo que podría haber provocado la muerte del animal por asfixia, así como por los golpes a los que pudo estar sometido en el transporte.
Por ello, los agentes solicitaron a la empresa los datos de la persona que realizaba el envío y los remitieron a la Fiscalía de Medio Ambiente y la Consejería de la Presidencia de la Junta.
