Su lema lo resume todo: “si pagaste ya lo tuyo, no pagues ahora lo de otros. Si no pagaron lo suyo, que paguen ahora lo que ya otros sí pagamos”.
Los miembros de esta Plataforma quieren dejar muy claro que no se oponen al proceso de regularización y se alegran de que “aquellos que construyeron sus viviendas fuera de ordenación urbanística tengan ahora la oportunidad de obtener servicios básicos”. Ahora bien, lo que no piensan permitir bajo ningún concepto es que “parte de ese proceso se costee con el dinero de todos los ciudadanos”. Dicho de otro modo, se oponen a que Ayuntamiento y Junta asuman una parte. “No estamos dispuestos a pagar con nuestros impuestos a aquellos vecinos que no pagaron lo que debían en su momento y que tampoco quieren hacerlo ahora”, señalan.
“No nos vamos a meter en cómo, cuándo o cuánto va a costar este proceso, eso que lo negocien los afectados, pero sí estamos radicalmente en contra de las propuestas de PP, IU y PA que exigen que el Ayuntamiento pague una parte del proceso, porque eso sí nos perjudica al resto de los ciudadanos”, apuntan. En este sentido, reivindican que la regularización se haga, “pero sin tocar nada de los impuestos que los ciudadanos legales aportamos al Ayuntamiento”, dado que, a su juicio, ese dinero se debe emplear para arreglar barriadas, calles, alumbrado, jardines, alcantarillado, colegios, etc, "antes que para aumentar el patrimonio de quienes no pagaron las cantidades que les correspondían en su día y ahora también se niegan a hacerlo".
De momento la Plataforma está integrada por cuatro personas: José Izquierdo, Enrique Rivas, José Alba y Domingo Torres, quienes ya se han puesto en contacto con asociaciones y demás colectivos para transmitirles sus ideas. “Confiamos en que el cien por cien de los ciudadanos legales apoyen nuestra reivindicación, porque decimos lo que piensa mucha gente”, manifiestan. El colectivo iniciará una campaña de recogida de firmas e incluso se movilizará “si los ilegales no entran en razones de que son ellos los que tienen que pagar”. "No vale -continúan- que quien no pagó parte de los gastos que todos asumimos al comprar una casa ahora quieran evitarlo, cobrándonoslo a los demás. Si eso es lo que pretenden tendremos que entrar en su mismo juego y saldremos a la calle también".
Los miembros de esta Plataforma sí se solidarizan con aquellos que construyeron estas casas porque no tuvieron más remedio. "En esos casos sí debería ayudar la Administración lo máximo posible, pero sólo en esos casos", dicen."De ninguna manera a aquellos que se compraron una casa para el recreo. Sólo hay que darse una vuelta por el extrarradio para ver auténticos castillos o cientos de segundas residencias de ciudadanos de otras localidades o provincias, que vienen a pasar el fin de semana o el verano a Chiclana. No vamos a pagar a nadie su lugar de recreo. Sentimos que se nos ha colado un okupa en casa que no paga los servicios", señalan.
Preguntados por la politización que se está haciendo de este problema, los responsables reconocieron que "los grupos políticos suelen intentar aprovecharse de estas situaciones", aunque matizó que esta Plataforma no responde a ningunas siglas políticas. "Coincidimos con la postura del equipo de Gobierno, pero si éste estuviera a favor de lo que piden los ilegales, estaríamos en su contra y saldríamos a denunciarlo igual", aclararon.
