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La Trocha estudia los ?incumplimientos urbanísticos? en la ciudad

La asociación dice que si hay indicio de algún delito en las obras de Regino Martínez irán al juzgado

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  • Aseguran que existen "más de un centenar de casos"
La asociación en defensa del patrimonio La Trocha ha llevado a cabo un estudio detallado sobre “los incumplimientos de las normas urbanísticas por parte de la Delegación Municipal de Urbanismos”.

Según asevera el presidente de dicho colectivo, Manuel Correro, el estudio desvela “que en más de un centenar de casos se incumple el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)”.

Con ocasión de la reunión de la Comisión Asesora de Patrimonio, que como adelantó este diario se llevará a cabo el próximo día 30 , el presidente de la asociación anunció que “plantearemos una batería de preguntas al concejal de Urbanismo, Diego Sánchez Rull, solicitándole información sobre las causas de su dejadez en la aplicación de las normas urbanísticas”.

Obras Regino Martínez

Con respetos a las obras que el Ayuntamiento viene realizando en las últimas fechas en la calle Regino Martínez, según Correro La Trocha preguntará a Sánchez Rull “sobre la intervención arqueológica realizada, solicitándole la documentación de la licencia de obra, que debe de incluir un informe arqueológico del terreno”.

Con todas las respuestas que constarán en el acta de la comisión, el gabinete jurídico de La Trocha estudiará “si hay indicios de que se haya cometido algún delito, en el caso de detectar indicios se presentará una denuncia en el juzgado”, como adelantó en su momento EL FARO.

Por otra parte, la  asociación recordó que el pasado mes de agosto presentamos una denuncia en el juzgado contra el alcalde, Tomás Herrera Hormigo y el concejal de Urbanismo, Diego Sánchez Rull, “por la destrucción por parte del Ayuntamiento del búnker AM 293, al lado del arroyo del Tiro, declarado Bien de Interés Cultural por la ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio español”.

Al respecto, el presidente de La Trocha puso de manifiesto que “el delito contra el patrimonio histórico está tipificado en el Código Penal en los artículos 321y 322”.

 Este delito, concluyó Correro “está penado con prisión de seis a tres años, multa de doce a veinticuatro meses y, en todo caso, inhabilitación de uno a cinco años”.

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