El PP ha advertido de que anular la concesión de los autobuses urbanos a Castillo, tal y como lo ha planteado el actual gobierno local (PSOE-Cs) “va en contra de la ley”, al tiempo que ha augurado un pleito judicial “muy largo”. El portavoz popular y exalcalde jienense, Javier Márquez, ha admitido tener dudas sobre lo planteado por el gobierno local sustentándose en un informe que considera como “muy flojo”. “Entiendo que el servicio probablemente tenga que mejorar y que se tienen que hacer acciones para mejorar el transporte público de la ciudad de la Jaén, pero lo de la nulidad, no lo veo y así se lo hemos dicho al equipo de gobierno porque va en contra de la ley”, dijo Márquez en rueda de prensa. Recordó que son ya 14 años lo que ha transcurrido desde la última prórroga, por lo que en el caso de que hubiera estado mal adjudicada, por seguridad jurídica hay una limitación temporal y “ya no se puede revolver eso”. “Va a ser una pérdida de un pleito del Ayuntamiento como un camión”, auguró Márquez, para quien, “el Ayuntamiento se mete en un pleito muy largo, de como mínimo ocho años”. Además, en relación con la plantilla señaló que “decir que del concierto o convenio de hace 60 años, los trabajadores se subrogan puede tener problemas jurídicos”.
Por su parte, La vicesecretaria general del PSOE de Jaén, Mercedes Gámez, reprochó al PP que se haya posicionado “claramente frente a todos los jiennenses” en relación con el transporte urbano, y recordó que que el informe de los servicios técnicos municipales viene avalado por el análisis de la Cámara de Cuentas de Andalucía.
Comisión
Deotro lado, el PP ha exigido la inclusión en el orden del día de la Comisión de Hacienda que se celebra este martes del acuerdo de revisión de oficio del Servicio de Autobuses Urbanos de la ciudad para que los concejales puedan realizar un “examen minucioso” del expediente. El edil Manuel Bonilla recordó el compromiso expreso de la concejala África Colomo de analizar este asunto con la oposición. “Por una cuestión de transparencia pública debería convocarse a los grupos políticos en los órganos colegiados”, dijo Bonilla.
