Representantes de la Coordinadora Andaluza por la Legalización Urbanística (CALU), con sede en Córdoba, se han reunido con el delegado de la Junta en la provincia, Antonio Repullo, para abordar la implantación de los servicios básicos, como la luz, el agua y el alcantarillado, y aspectos legales de la situación de las circunstancias en las que se encuentran actualmente inmersas las propiedades afectas a suelos no urbanos.
Según han informado a Europa Press desde el colectivo, en el encuentro, celebrado hace unos días, se han tratado "los temas de máximo interés" para la Coordinadora Andaluza por la Legalización Urbanística, a la vez que se ha solicitado reunión "a la mayor brevedad" con la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, y se ha entregado documentación por parte de CALU de "toda la problemática existente en Andalucía".
Al respecto, en la cita se han analizado "temas de máxima urgencia para los afectados de este tipo de viviendas", como la modificación de la disposición adicional V de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), "posibilitando que juntas de compensación acometan dichas obras".
Igualmente, han destacado "la problemática a la hora de registrar la vivienda de este tenor, de tal manera que no se reconoce legalidad alguna", según han detallado, entre otros temas.
Asimismo, han apuntado que se expuso "el desafuero impositivo que tiene que sufrir estas familias", con el IBI, impuestos de trasmisiones patrimoniales, el de actos jurídicos documentados y el de sucesiones y donaciones.
Entretanto, desde CALU han advertido de que "miles de familias se quedan en el camino sin ver legalizada su vivienda, ni reconocidos derechos fundamentales".
Mientras, los parcelistas han calificado como "positivo" el compromiso del delegado de la Junta para "trasladar la documentación recibida y facilitar a la mayor brevedad posible la reunión con la consejera Marifrán Carazo".
"CARÁCTER DIALOGANTE"
Por su parte el delegado del Gobierno andaluz en Córdoba, Antonio Repullo, ha manifestado la voluntad de la Junta "de escuchar la problemática y demandas de la Coordinadora Andaluza por la Legalización Urbanística" y se ha comprometido a mediar con la Consejería de Fomento, para que puedan mantener un encuentro y "buscar puntos de encuentro y soluciones dentro de la legalidad que permitan mejorar las condiciones urbanísticas de los vecinos afectados".
En declaraciones a Europa Press, Repullo ha destacado el "carácter dialogante del nuevo Ejecutivo andaluz" y ha apostado por "establecer una comunicación fluida entre las familias que residen en estas viviendas, la propia Administración autonómica, así como los municipios afectados para llegar a soluciones de consenso, dentro de lo que establece la Ley y el respeto a la normativa urbanística vigente".
