Los funcionarios de prisiones de Huelva se echaron a las calles este miércoles por discrepancias con el Gobierno de España. Los sindicatos convocantes de la huelga general de funcionarios de prisiones estimaron el seguimiento por encima del 90%. Una cifra que Instituciones Penitenciarias rebajó a un 47% en el turno de noche. El 100% de los funcionarios de Interior secundó la protesta y el 90% del personal de oficina. Los sindicatos CSIF, Acaip, CCOO, UGT y CIG apuntaron que no hubo incidentes más allá de los piquetes informativos a las puertas de la cárcel onubense a primera hora de la mañana de este miércoles.
A lo largo de la mañana, cerca de un centenar de trabajadores de la prisión onubense se concentraron a las puertas de la Subdelegación del Gobierno en Huelva. Muchos de ellos se encadenaron en forma de protesta.
Así pues, el portavoz de la plataforma de funcionarios y miembros de Acaip, José Juan Serrano, explicó que los funcionarios más jóvenes tuvieron problemas para secundar la huelga. Además, se quejó de los “abusivos servicios mínimos” que soportaron los funcionarios este miércoles y que “impidieron un desarrollo normalizado de un derecho legítimo como lo es el derecho de huelga”, dijo Serrano, quien indicó las deficiencias en las plantillas del centro penitenciario onubense.
La huelga de los funcionarios de prisiones d de este miércoles es la primera de las que hay previstas. La próxima será el viernes 26 en Sevilla y posteriormente habrá paros los días 6, 8, 13 y 15 de noviembre.
Los sindicatos CSIF, Acaip, CCOO, UGT y CIG explicaron que estas movilizaciones tienen como objetivo “conseguir el desbloqueo del conflicto laboral, que desde hace más de un año mantiene este colectivo con la Administración Penitenciaria”.
Es más, denunciaron la “necesidad de abordar una negociación real tras la propuesta presentada por la Administración Penitenciaria el 25 de septiembre y que fue retirada tan sólo tres días después bajo el argumento de restricción presupuestaria y que suponía un incremento retributivo de 123 millones de euros en el periodo 2019-2021”. De esta manera, los funcionarios de prisiones están “absolutamente indignados”, según confesó Serrano.
