El Defensor del Pueblo ha recibido en los ocho primeros meses del año un total de 773 quejas en materia de educación, la mayoría por el estado de las instalaciones escolares, la oferta de plazas educativas, las plantillas docentes, los servicios de comedor y transporte escolar, los problemas de escolarización en edades tempranas o el acceso a los libros de texto.
"En el inicio del curso escolar, el Defensor del Pueblo quiere reiterar su compromiso con la educación inclusiva y aboga por una educación de calidad que garantice una real igualdad de oportunidades para alumnos y alumnas", señala la Institución dirigida por Francisco Fernández Marugán.
La Institución ha recibido quejas de diversos puntos de España en las que se denuncia la presencia de amianto en elementos constructivos de las instalaciones de centros docentes que se construyeron antes de que se prohibiera su uso.
INVESTIGACIÓN ABIERTA SOBRE EL AMIANTO
Sin embargo, a pesar de la potencial peligrosidad de esta sustancia, la tramitación de las quejas recibidas no ha permitido al Defensor contrastar si las administraciones educativas disponen de datos como el número de centros afectados en cada territorio, los elementos en los que está presente esta sustancia o el estado de los mismos.
Esta es, según la institución, "una información imprescindible para articular cualquier plan de gestión y eliminación del amianto que se pretenda aplicar".
Por este motivo, el Defensor mantiene abierta una actuación de oficio con todas las administraciones educativas para intentar conocer el número de centros docentes que se encuentren afectados por esta sustancia y los planes de gestión y eliminación del amianto previstos.
LIBROS DE TEXTO GRATUITOS Y EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL
Fernández Marugán también recuerda a todas las administraciones educativas la necesidad de fomentar la gratuidad de los libros de texto y del material escolar para aliviar la carga económica que la adquisición de estos productos supone para las familias.
Es una reivindicación que la Institución lleva años realizando y que ya han puesto en marcha algunas comunidades. En opinión del Defensor, estas iniciativas deberían extenderse por todo el Estado.
También insiste en la importancia de adoptar las medidas normativas y presupuestarias para asegurar que la atención educativa de las personas con discapacidad se realiza de acuerdo con los principios de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las personas con discapacidad, firmada por España hace más de una década.
Fernández Marugán apuesta por "reforzar" la educación afectivo-sexual "obligatoria" en todos los niveles educativos porque, a su juicio, "es una herramienta muy poderosa en la lucha contra el machismo y las conductas violentas". "Los niños y las niñas tienen que aprender desde pequeños que las relaciones deben basarse siempre en el respeto y la libertad", apostilla.
