Las organizaciones que componen el Consejo Estatal del Pueblo Gitano, órgano colegiado interministerial que confiere carácter institucional a la colaboración, cooperación e interlocución del movimiento asociativo gitano con la Administración General del Estado, han protestado este martes en Sevilla para expresar su condena y "máxima repulsa" ante la pretensión del Gobierno de Italia, planteada por su ministro del Interior, Matteo Salvini, de crear de un censo de personas gitanas que facilite la expulsión del país de aquellas que estén en situación irregular y lamentando, en palabras textuales del ministro, "que los que sean italianos desafortunadamente haya que quedárselos".
Según informan en un comunicado, "la gravedad de estos hechos han hecho necesaria la reacción de las fuerzas vivas, comenzando por las políticas, institucionales y sociales, que defienden la convivencia, la diversidad y la pluralidad del proyecto que todos los Estados miembros de la Unión Europa han firmado y pactado para la defensa de los valores humanos".
"Todas tenemos la obligación de dar respuesta en pro de la eliminación de este tipo de conductas racistas y antidemocráticas que incitan al odio contra nuestra gente y atentan directamente contra el Estado de derecho", añade.
Por eso las organizaciones del CEPG, entre ellas Fakali, las han convocado para las concentraciones '¡Contra el antigitanismo, ni un paso atrás!', que han tenido lugar este martes tanto en la Plaza Nueva de Sevilla como en la embajada de Italia en Madrid.
En estas concentraciones, con el impulso de la vicepresidencia del CEPG, en manos de la presidenta de Fakali, Beatriz Carrillo de los Reyes, y el apoyo de otras instituciones que también creen en esta lucha activa del Pueblo Gitano "contra iniciativas que cercenan su igualdad de oportunidades y atentan contra los valores democráticos", han supuesto "una manifestación del inconformismo y la rebeldía de la ciudadanía romaní ante manifestaciones flagrantes de racismo institucional".
En el manifiesto, estas organizaciones defienden la ilegalización de partidos políticos que propugnan la violación de los derechos humanos en sus fundamentos ideológicos y en sus programas electorales, así como la responsabilidad penal derivada de la incitación al odio como consecuencia de la propaganda racista y xenófoba.
Además piden la dimisión de Salvini "y de todos aquellos representantes políticos que mutilan los derechos de las personas utilizando las diferencias culturales como marcadores de fronteras entre los seres humanos".
Por último, también solicitan la convocatoria de todos los jefes de Estado que defienden una Europa avanzada, civilizada, plural y democrática para que se manifiesten "con la más enérgica e inmediata respuesta para que su sórdido silencio no les convierta en unos imperdonables cómplices".
