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Juana Rivas dice que no ha cometido delito, por lo que está "exenta"

La Fiscalía pide 5 años al haber permanecido un mes en paradero desconocido junto a sus dos hijos para no entregarlos al padre

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  • Juana Rivas. -

Juana Rivas, para quien la Fiscalía ha pedido cinco años de cárcel por dos delitos de sustracción de menores al haber permanecido un mes en paradero desconocido junto a sus dos hijos para no entregarlos al padre, mantiene que no ha cometido delito alguno, por lo que está "exenta de responsabilidad".

En su escrito de defensa, al que ha tenido acceso Efe, los representantes legales de Rivas relatan la relación que mantuvo con el padre de sus dos hijos, el italiano Francesco Arcuri, que derivó en supuestos casos de maltrato que acabó denunciando en mayo de 2009, "tras uno de tantos episodios violentos".

La Justicia resolvió aquella denuncia condenándolo a tres meses de cárcel y orden de alejamiento hacia ella por un año y tres meses.

Ese episodio ocurrió después de que Rivas, cuyo único hijo por entonces tenía dos años y medio, decidiera montar su propio negocio en Granada para tener la autonomía económica que le facilitara "salir de la situación de maltrato vivida".

Durante 2012, un Juzgado de Violencia sobre la Mujer otorgó la guarda y custodia del menor a Rivas, que tuvo que denunciar a su expareja y desplazarse a Italia para ir a recoger al niño dado que su padre, que se lo llevó de vacaciones a aquél país, no se lo entregaba, según el escrito de defensa.

Pero a principios de 2013, "después de estar más de cuatro años separados, empiezan a mantener una cierta amistad telefónica y él visita con más asiduidad Maracena (Granada) -donde ella reside-, ofreciéndole a Juana la posibilidad de vivir en la isla San Pietro (Carloforte, Italia)", a lo que ella accede después de que la crisis la obligara a traspasar su negocio y se encontrara en desempleo.

Allí, aislada en el campo y nuevamente embarazada, él comienza a actuar "a sus anchas, sin testigos (sólo sus hijos pequeños), ni gente que pueda ayudarla" y se reprodujo el maltrato físico y psíquico, según los abogados de Rivas.

"No pudiendo soportarlo más, sobre todo al ver que su hijo mayor empezaba a reproducir los comportamientos del padre, Juana consigue convencer a su entonces pareja que la deje viajar a Maracena por unas semanas para intentar curarse con la ayuda de sus madre y familia", momento a partir del cual no regresó a Italia, donde hasta entonces había residido junto a sus dos hijos.

A partir de ahí pidió ayuda al Centro de la Mujer de Maracena, cuyos profesionales la asesoraron, y denunció de nuevo por maltrato a su expareja, denuncia que no fue tramitada por el Juzgado de Granada a quien correspondió al entender que no era el competente dado que los supuestos malos tratos ocurrieron en Italia, por lo que está aún pendiente de resolución por parte de la justicia italiana.

Entienden los abogados de Rivas que en todo este proceso no se cumplió lo previsto en el estatuto de la víctima del delito, que "exige la inmediata remisión la denuncia presentada a las autoridades competentes del Estado en cuyo territorio se hubieran cometido los hechos, creando en consecuencia una clara situación de indefensión para Juana y sus hijos".

La falta de tramitación de esa denuncia por violencia de género ha derivado en la presentación de una queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz, entre otras actuaciones.

En resumen, "han transcurrido 19 meses sin que las autoridades judiciales Italianas conozcan de la denuncia por malos tratos psicológicos y físicos habituales presentada por Juana Rivas", por lo que a fecha actual no ha comenzado investigación alguna en Italia por los hechos denunciados, agregan los abogados, que lo consideran un "flagrante incumplimiento de los tratados internacionales".

Los abogados también aluden al "engaño urdido" por Arcuri sobre la nacionalidad de los niños para que la justicia le otorgara la custodia provisional de los menores, que ostenta provisionalmente a la espera de que se resuelva el procedimiento civil abierto en Italia.

Los abogados hacen constar que desde su llegada a España, en mayo de 2016, Juana Rivas "incluyó a sus hijos en su tarjeta de cobertura sanitaria del Servicio Andaluz de Salud, ha acudido con ellos a consultas médicas cada vez que los niños lo han precisado, y matriculó a ambos en centros escolares y guardería". 

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