El exdelegado provincial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía Clemente García ha asegurado que, bajo su mandato entre 2008 y 2010, "nunca" dio "órdenes directamente a ningún funcionario para que se pagase nada" de la cuenta mancomunada y sin fiscalizar de la que se sustrajeron más de 246.000 euros presuntamente "ni de ninguna otra" y ha sostenido que su relación con el funcionario M.G.L., único procesado, se limitó "siempre" a "conversaciones de ascensor".
"Yo no he hablando nunca con él sobre temas de trabajo, nunca. Nunca ha estado en mi despacho y nunca le he dado indicaciones de nada. No era mi labor. Siempre he tratado con jefes de servicio", ha trasladado durante su testifical en el marco del tribunal de jurado por el conocido como caso 'Cheques' el ex alto cargo, quien ha remarcado varias veces que no era su "labor" como delegado "ni conocer el funcionamiento de las cuentas, ni gestionarlas, ni hacer facturas, ni ordenar su pago".
García ha respondido así después de que el único acusado, quien le ha dedicado dos 'peinetas' visiblemente enojado y alterado en un momento de su testimonio en sala, afirmase en su declaración que no se llevó "ni un duro" de dinero público y apuntase hacia el secretario general en esa época y Clemente García espetando: "que respondan el secretario y el delegado qué han hecho con eso" en alusión al dinero distraído.
El exdelegado ha indicado, justo después de que el secretario general bajo su mandato afirmase en su testifical lo contrario, que no recuerda que nadie le "informase de la existencia de esa cuenta". El exsecretario ha dicho, sin embargo, que sí le advirtió de esa cuenta y le dijo "que tenía unas características especiales".
Ha dicho, asimismo, que "nunca" dio una relación de pagos para la expedición de cheques con cargo a la misma a M.G.L., que "nunca firmó ninguno de los 100 cheques" y que no sabía "siquiera que existía un talonario".
"No sabía ni dónde estaba el banco", ha trasladado al tiempo que ha lamentado que, cuando la Junta de Andalucía interpuso denuncia en 2013, "fuesen todas las pistolas contra mí cuando en ese periodo de tiempo pasaron por ahí hasta tres delegados".
García, quien llegó a estar investigado en la causa que se sigue por malversación continuada de caudales públicos y falsedad continuada en documento mercantil, ha añadido que tuvo conocimiento del supuesto desfalco "de sopetón". "Me encontré todo esto en 2013 apuntando hacía mí, como que era quien había firmado los cheques y me había llevado todo el dinero del banco, y me ha costado mucho tiempo y muchos años que aflore la realidad de lo que ha pasado", ha subrayado.
No ha sabido explicar, a preguntas del jurado popular porque, tras su cese en el cargo, se mantuvo como clavero en la cuenta y se hicieron extracciones sin que él tuviera conocimiento --"eso lo tendrán que explicar el equipo de gestión económica, el funcionario encargado de hacer los cambios de clavero y el banco"-- y ha negado intencionalidad alguna por su parte al respecto.
Sí ha reconocido, a preguntas de la defensa, su condena en firme por este mismo caso por parte del Tribunal de Cuentas en relación al pago de una facturas por un importe de 50.000 euros a dos medios de comunicación con cargo a esta cuenta si bien ha considerado que es "un error".
"No autoricé pago ni deje de autorizar porque no he entrado nunca en cómo o cuándo se tenía que pagar una factura. No era mi función. Yo me enteré que se habían pagado porque mi secretaria me dijo que ya se iba a hacer y llamé a uno de los medios para decírselo", ha señalado en alusión a una época en que la Junta prohibió los gastos en publicidad aunque si ha admitido que sí fue "decisión mía" contratar esos servicios y que se hizo "verbalmente".
GRITOS DE "¡MENTIRA!" DEL ACUSADO
Por su parte, el exsecretario general, cuya testifical ha sido interrumpida por el acusado en hasta tres ocasiones al grito de "¡mentira!', también ha negado que diese una relación de gastos o facturas a M.G.L. y ha indicado que "nunca vi el talonario ni me llegó extracto alguno, ni nunca hable con él de esa cuenta".
A preguntas de la abogada de la Junta, ha hablado de que una "enemistad" del acusado hacía él derivada de un cambio de puesto de gestión económica a gestión del Medio Natural y ha aludido a "comportamientos opacos" por su parte que habrían motivado esa decisión si bien el segundo era el puesto que le correspondía. "No dejaba que nadie hiciera su trabajo y venía a trabajar incluso de baja médica", ha añadido.
Sobre los pagos publicitarios, ha recordado que "en ese momento no se podían hacer porque no había presupuesto" y ha argumentado que "no tenía poder de decisión ni intervino en la contratación de esos servicios".
Entre los 13 testigos que han comparecido este jueves ante el jurado popular, ha declarado también el empleado de banca que, desde caja, endosó los cheques para su pago "siempre en metálico" y ha señalado al acusado "como la persona que siempre iba a hacerlo". "No fue nadie más, solo él" ha dicho para añadir que firmaba los cheques "en su presencia".
ÚLTIMA SESIÓN DEL JUICIO
La última sesión del juicio en el que se expondrán las pruebas periciales, los informes y las conclusiones de las partes llegará este viernes, momento a partir del cual, según el calendario previsto, se dejará deliberar al jurado para que emita su veredicto el día 6 de febrero.
En el procedimiento paralelo del Tribunal de Cuentas, el funcionario fue considerado responsable contable directo por la cantidad de 140.710,21 euros que corresponden al cobro por ventanilla de 49 cheques al portador entre marzo y abril de 2009 que él mismo giraba con cargo a la citada cuenta y a otro cheque nominativo a favor de una empresa por valor de más de 41.00 euros sin que conste justificación alguna de que los servicios facturados fuesen efectivamente prestados.
El órgano concluyó sobre el último de estos gastos, por el que fue condenado Clemente García, que no cabía admitir que las publicaciones encajasen con el concepto de publirreportaje "puesto que nuestro ordenamiento jurídico sanciona como ilícita la publicación de informaciones con fines promocionales sin que quede claramente especificado que se trata de un contrato publicitario" y consideró que "no era admisible que con fondos públicos se pagaran campañas encubiertas de propaganda de la actividad de las administraciones públicas ni que se realizaran pagos a los medios de comunicación a cambio de obtener un tratamiento informativo favorable".
Fue la Administración autonómica la que puso en conocimiento de los juzgados de instrucción y del Tribunal de Cuentas, a través de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, presuntas "irregularidades" que se habían detectado en una cuenta bancaria "sin fiscalizar" hasta 2013 y en la que se ingresaba el canon forestal.
La Fiscalía interesa para M.G.L. por el presunto delito continuado de malversación de caudales públicos la pena de siete años de prisión y nueve de inhabilitación, mientras que por el supuesto delito de falsedad continuada en documento mercantil solicita dos años de cárcel y multa de nueve meses a razón de seis euros al día.
No obstante, en aplicación del artículo 77.2 del Código Penal, pide la pena única de ochos años de prisión y 15 de inhabilitación absoluta. Asimismo, pide que, en concepto de responsabilidad civil, el funcionario indemnice a la Junta andaluza en la cantidad de 205.395,41 euros.
