La vivienda sigue siendo una de las máximas preocupaciones para muchos portuenses a día de hoy. Y lo es también para los que comprueban el deambular de una situación que se va complicando con el paso del tiempo, sin que nadie consiga poner remedio y freno al descontrol que supone el mantenimiento de viviendas pagadas y subvencionadas por el Ayuntamiento de El Puerto, bajo el patrocinio infructuoso de la empresa municipal Suvipuerto.
La deuda que mantiene crece y crece con buena parte de los inquilinos actuales, tanto que resulta paradójico y contraviene las intenciones del ente, que comanda la concejal Matilde Roselló de Izquierda Unida, de aumentar el parque municipal de la vivienda o hacer un recuento de casas vacías para “la elaboración de un censo que recoja viviendas vacías, susceptibles de ser puestas a disposición del Registro de Demandantes y poder así dar mayor respuesta a las necesidades de habitabilidad que tienen muchas familias portuenses”, según apuntaron el pasado mes de diciembre desde el propio Ayuntamiento portuense.
Y todo tras la imposibilidad actual de hacer frente tanto a la morosidad como al desgobierno en el que está sumido buena parte de la gestión de las viviendas en algunas zonas de la ciudad. Suvipuerto, obligado por la realidad y por la necesidad, ha reclamado una nueva inyección económica a modo de ayuda pública para hacer frente y mitigar el déficit de las viviendas municipales, reconociendo, ahora, las denuncias que desde un tiempo a esta parte ha ido mostrando la cruda realidad.
A estas denuncias también se sumó el criterio dispar en la manera de actuar en la empresa de Suelo y Vivienda respecto a otra también con serias dificultades para su mantenimiento como es Impulsa El Puerto. La morosidad está empujando a la ya habitualidad de Suvipuerto de insuflar a sus cuentas nuevas ayudas para hacer contrarrestar su descuadre económico.
Números rojos que aumentan y nuevas subvenciones que salen del Ayuntamiento para intentar, sin éxito, compensar un mal que no encuentra un camino estable. La propia edil enumeró en el pasado Pleno de enero las dificultades que entraña la gestión municipal ante situaciones del todo complejas, como el aumento de una deuda que aumenta sin cesar ante la morosidad manifiesta de los inquilinos, contratos que continúan con el paso de los años sin ser renovados, alquileres en Juzgados por denuncias tras años sin abonar las mensualidades y centralizado en la calle Cruces.
“Hay gente que lleva muchos años sin pagar”, asegura la concejal que, si bien reconoce abiertamente ser esta promoción la más conflictiva, no duda en afirmar que la deuda global de la empresa tiene ya un calendario de pagos.
