El responsable de Organización de IULV-CA, Francisco J. Camacho, ha criticado que "tristemente" este martes aparece en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una subvención a Gas Natural de 6,3 millones de euros para el 2018, "que se suma a otros 6,3 millones recibidos en el 2017, por un proyecto como el del almacén de gas natural en Doñana, que constituye una auténtica barbaridad jurídica, política y medioambiental y que debería estar paralizado", así como ha defendido que estas subvenciones "deberían pasar a la historia".
En un comunicado, Camacho ha incidido en que a pesar de que todavía no se han despejado, ni en Bruselas ni en España, "las enormes sombras que sobrevuelan sobre este proyecto que pone en riesgo la pervivencia de un Patrimonio de la Humanidad como es Doñana, "el Gobierno Rajoy inyecta dinero público a esta empresa experta en Gas y más experta todavía en el uso de las ventajas de las puertas giratorias de altos cargos como Felipe González, que compatibilizó su puesto en el Consejo de Administración de esta empresa y a la vez su pertenencia al Consejo de Doñana cuando se tramitaban los permisos".
Así las cosas, desde IU advierten de que este proyecto, "que pretende perpetrar la barbaridad de almacenar en el subsuelo de Doñana 860 millones de metro cúbicos de gas, es un proyecto netamente especulativo además de peligroso". "El negocio consistente en almacenar gas en periodos de bajada de precios para venderlo en periodos de alza y además subvencionado escandalosamente por el Estado", ha explicado Camacho.
Con todo, el responsable de Organización de la coalición de izquierdas ha considerado que también es "chocante" que "precisamente en un emblema de la sostenibilidad medioambiental, como es la joya natural de Doñana, se autorice un proyecto que apuesta por energías fósiles ya a erradicar como es el gas natural".
Y esto pasa, como ha agregado, "obviando la opinión de expertos de la Universidad de Huelva que advierten que no se han evaluado los evidentes riegos sísmicos para la zona al inyectar el gas", y también "obviando que hay alertas claras sobre posible contaminación del Acuífero 27 que sostiene a Doñana y a los regadíos de la zona".
De mismo modo, ha criticado que no se tengan en cuenta las denuncias en Bruselas que, avaladas por el propio informe del Defensor del Pueblo Andaluz, viene presentando el Grupo de IU desde el año 2012 "sobre el hecho de que se haya cuarteado, de manera tramposa en cuatro, el proyecto global, para evitar la evaluación de impacto ambiental integral de un único proyecto megalómano".
Así las cosas, IU insiste en que el Gobierno de la Junta debe acudir directamente al Tribunal de Justicia Europeo y a los tribunales ordinarios, en defensa de este emblema para Andalucía que es Doñana, "solicitando y exigiendo su paralización inmediata por los graves riesgos, no evaluados, para el Parque Nacional y para la economía de la zona colindante".
