Justo una semana antes de su celebración se convocaba el consejo de administración de la empresa Cádiz 2000, la que tiene encargada la encomienda de gestión para la municipalización de los servicios provocados por las peticiones de la oposición.
Será el martes 12 de septiembre a las seis de la tarde. En concreto, el Partido Socialista solicitaba el 30 de agosto la convocatoria extraordinaria y urgente del consejo de administración para abordar el escrito remitido por los trabajadores de la limpieza en los módulos de playas que pedían la paralización del proceso de municipalización. Asimismo, declaraban el “desconcierto generado por la falta de información y las posibles irregularidades que se puedan estar cometiendo en el desarrollo y ejecución de dicho proceso”.
Remitieron por ello escrito al secretario del consejo para destacar aspectos como que desde el consejo no se haya tomado acuerdo sobre la aceptación de la encomienda; ni de la sucesión de la concesión, a la vez que no les constaba el inicio del expediente económico y financiero con carácter previo a los acuerdos, “cuantificando los costes añadidos a este proceso”, con las transferencias y el crédito necesario. Los socialistas añadían que tampoco tienen constancia del inicio o finalización de las modificaciones presupuestarias por parte del Consistorio.
Por esta y otras cuestiones añadían que ni el presidente ni el gerente de Cádiz 2000 tienen competencias propias ni delegadas para “asumir los acuerdos y decisiones” relacionadas con estos asuntos.
Asimismo, los populares, el 28 de agosto registraban un escrito dirigido al presidente del consejo de administración de la citada empresa donde también mencionaban que tuvieron conocimiento de la municipalización del servicio de limpieza de los módulos de playa con fecha 1 de septiembre a través de los trabajadores. De ahí que le recuerden que “el presidente no está facultado para realizar ese tipo de operaciones de subrogación de personal en nombre de la sociedad de Cádiz 2000 sin contar con el acuerdo del consejo de administración”.
Además, le advierten que al tomar ese acuerdo de manera individual se derivan “perjuicios patrimoniales y jurídicos para la sociedad, puesto que no se cuenta con un estudio presupuestario y con la ampliación de partida correspondiente, sin contar con un estudio de los trabajadores”.
Por eso mismo, solicitaban la paralización del procedimiento, a la vez que le emplazaban a que rectificara en 24 horas la decisión o convocara en 48 horas el consejo de administración.
Sin embargo, el presidente de Cádiz 2000, Álvaro de la Fuente, asegura que “quienes hoy continúan poniendo en duda la gestión directa de estos servicios es porque defienden un modelo de privatizaciones, basado en trocear los servicios públicos para venderlos a las empresas”. De la Fuente ha señalado que “los que prefieren ese modelo son los que ahora están intentando paralizar un proceso que ya es irreversible”.
Apunta que para revertir el proceso de municipalización de servicios, “la oposición debe demostrar con informes y memorias, con un proceso simétrico al que se ha seguido a lo largo de estos meses, que la gestión privada es mejor que la pública”.
