El recién nombrado presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Juan Luis Larrea, ha negado este jueves la existencia de una trama de corrupción en el organismo así como el presunto cobro de comisiones irregulares por parte de las personas vinculadas a la trama. "Aquí no se ha saqueado nada", ha dicho.
El que fuera tesorero de la Federación desde hace 28 años ha comparecido en calidad de testigo ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz a quien le ha negado la existencia de presuntas prácticas corruptas que habría liderado el suspendido Ángel María Villar, en prisión incondicional desde el pasado jueves por estos hechos.
En declaraciones a los medios tras abandonar las dependencias judiciales Larrea ha dicho que él no ha cobrado ninguna indemnización millonaria y que no le consta que exista esta práctica. También ha negado que otros imputados en el caso, como el hijo de Ángel María Villar, Gorka, o el vicepresidente económico Juan Padrón (ambos también en prisión incondicional) se hayan beneficiado de los negocios de la Federación.
"Hay mucha paja. Todo el mundo puede hablar con federaciones afines o no pero compra de votos no ha habido nada", ha dicho el nuevo presidente de la RFEF en referencia a la presunta red de clientelismo tejida por Villar para garantizarse su reelección como presidente de la Federación. En el auto por el cual se decretaba su ingreso en prisión, el juez explicó que el principal acusado premiaba la lealtad de los presidentes de las federaciones afines y vetaba a contrarios.
Sobre el pago de más de 300.000 euros a la federación cántabra para la creación de un campo no homologado y que no sería propiedad de la Federación sino del Ayuntamiento de Santander, Larrea ha indicado que él mismo fue a supervisar las obras y que no estaba de acuerdo con las condiciones del contrato. "Entendía que tenía que ser mejorable. Era cuestión de obras de uso", ha dicho al ser preguntado por esta cuestión.
CONTRATO CON EL GRUPO SANTA MÓNICA
En relación a la rescisión del contrato con el Grupo Santa Mónica Sports y por el que ha sido preguntado, Larrea ha dicho que en cualquier acuerdo comercial existe la posibilidad de que el cliente pueda entrar en concurso y eso lleva a tomar la decisión de no seguir trabajando con él. No obstante el juez explicó en su auto que este proceso costó un perjuicio de 51 millones de euros a las arcas de la federación.
Respecto a las acusaciones de que el material deportivo de la federación lo gestionaban empresas cercanas a los acusados y que se habrían beneficiado de 36 millones de euros, Larrea ha dicho que se trata de un contrato antiguo y que, tras las últimas auditorías, se había acordado revisarlo y actualizarlo, pero ha vuelto a descartar irregularidades en la gestión.
Los investigadores apuntaron que la sociedad Estudio 2000, proveedora de la ropa deportiva, contrató con Tenerife Sports (propiedad de dos hijas de Padrón) consiguiendo así que parte de los fondos federativos pasaran a su patrimonio particular.
