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Cádiz

La búsqueda de una vejez digna que acabó en desahucio

Vendió su casa para poder tener una plaza en una residencia. Los cambios políticos truncaron su vida. Hoy, con una pensión de 368 euros, vive en casas de amigas

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En busca de la vejez digna. Se llama María José Campo Aragón, es una señora mayor, de 67 años, con una complicada situación personal. Una mujer que vendió su única propiedad, su casa, “que es lo único que tenía con la intención de que su etapa final de la vida la pasara en las mejores condiciones”. Decidió participar en una cooperativa a través de la cual se hacía con una plaza en una residencia geriátrica en Málaga, concretamente en el municipio de Pizarra, pero los planes se truncaron.  Sin casa, con un 69 de invalidez, en exclusión social, una pensión de 368 euros, y desahuciada al no tener recursos. Así se encuentra y para “no tener que vivir entre cartones y morir en la calle”, vive de la caridad de sus amigas. No quiere que se le dedique un minuto de silencio “cuando sea demasiado tarde. Hay que prevenir, cuando esté en Chiclana ya no vale”, dijo en el Pleno del mes pasado.

Sol Dorado era el nombre de esa cooperativa, para la que firmaron el contrato en 2004. Pero cuando sólo quedaban ocho meses para que acabaran las obras, los cambios políticos en la Corporación  del pueblo trajeron nefastas consecuencias a la  vida de una mujer que ahora no tiene donde vivir.

Esta mujer fue al pasado Pleno municipal a decirle al alcalde, al equipo de Gobierno, que le ayudaran, que nadie le da respuesta a su situación y que ya está llegando a los límites. Según fuentes municipales, consultadas por este medio, se “ha atendido ya a esta mujer y al ser un caso complicado se están estudiando soluciones y alternativas”. Sin embargo, esta señora indicó a VIVA CÁDIZ que “están mareando la perdiz, y yo soy muy respetuosa pero no quiero que me tomen el pelo”. Forma parte de la lista de personas que se encuentran en exclusión social, cuando “se han dado viviendas a diestro y siniestro y yo lo que no puedo es arriesgarme a que me dé un infarto”. Pero esta situación de indefensión no la hace frenar, al revés, la impulsan para seguir adelante en su lucha. 

Desde el Gobierno local le dicen que busque una vivienda a través de la ordenanza del Alquiler Justo, pero “no hay quien me lo quiera alquilar”. Para conseguirlo, tendría que conseguir “1.200 euros del tirón”.

En estos momentos está empadronada en casa de un familiar, que vive en una quinta planta sin ascensor, aunque hay días que duerme y se asea en casa de amigas. Se siente triste porque el alcalde de Cádiz, José María González, le dijo que “sus datos los llevaría siempre en su carpeta y aún estoy esperando a que me atienda”, aunque como recordó en el Pleno  anteriormente ya la ignoró en Loreto “para seguir hablando con sus amigos”. Hace dos años le contó a la parlamentaria de Podemos, Teresa Rodríguez, su historia “y aún sigo esperando a que me llame”.

Está muy cansada de “pedir ayuda y obtener la callada por respuesta”. Está dispuesta a colgarse del puente de La Pepa y jugarse la vida, pero avisando a los medios de comunicación para contarles su historia. Quiere que “le tiendan una mano, aunque está decepcionada por el ser humano”.

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