Los arrestos se produjeron en colaboraciones prestadas por os equipos de investigación tecnológica (Edites) de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial, dentro de cuatro operaciones efectuadas a nivel nacional entre los años 2007 y 2009. Se trata, concretamente, de las operaciones Santiago, Diana, Colmo y Camperos.
En la primera de estas actuaciones , llevada a cabo a finales de 2007, se detuvo a tres vecinos de Algeciras. Precisamente, el pasado 24 de junio se juzgó a uno de los detenidos en aquella operación, un funcionario del Ayuntamiento de Granada, Iba a ser juzgado tras incautársele 23.519 archivos informáticos en diversos formatos. Asimismo, contaba con una carpeta en su ordenador de sobremesa con 5.346 archivos de contenido supuestamente pedófilo.
Por si fuera poco, contaba, según la Fiscalía, con acceso a foros y materiales informáticos en línea, y en el historial de los programas de intercambios aparecieron numerosas referencias a descargas relativas a menores de 13 años. Su estado depresivo le libró de la vista oral.
En lo que se refiere a las otras tres intervenciones (Diana, Colmo y Camperos), en ellas fueron arrestados tres vecinos de La Línea. Dos de ellas (Colmo y Camperos) tuvieron lugar en el transcurso de este mismo año, mientras que la operación Diana se efectuó en 2008, según informaron las fuentes consultadas.
Penalización
El delito de corrupción de menores, incluido en el artículo 189 del Código Penal, prevé diversos supuestos y grados de condena en relación con el consumo y difusión de pornografía infantil. Por poner un ejemplo, en el caso mencionado antes sobre el funcionario de Granada, N.T.A., el imputado se enfrentaba a seis años de cárcel.
Dos gijoneses también relacionados supuestamente con una red de difusión de imágenes pederastas y detenidos por la Policía Nacional eran juzgados en la Sección VIII de la Audiencia Provincial de Asturias y se pedía para ellos cinco años de cárcel. En caso de poder demostrarse sólo la posesión del material, la pena queda por debajo de los seis meses.
Desde la Guardia Civil apuntaron que la mayoría de los detenidos por estar en posesión y por distribuir el material pornográfico son españoles, aunque el material original suele estar producido en el extranjero y colgado en servidores foráneos.
El Instituto Armado hizo referencia a la dificultad que entraña para los Edites de la Policía Judicial y para la UCO, a nivel nacional, hacer seguimiento a estos delincuentes informáticos. “En cualquier operación de droga vinculas los hechos con las personas, pero aquí los rastros te llevan a líneas, que en muchos casos comparten varios usuarios. Lo más fácil para el delincuente es desaparecer de la zona”, comentó un mando del Instituto Armado. En cualquier caso, este rastro digital, que queda particularmente plasmado en las redes para compartir archivos por internet más conocidas, acaba llevando al investigador hacia su sospechoso final.
De hecho, algo que mucha gente ignora, comentaron las fuentes consultadas, es que al descargar archivos de estas redes se facilita aún más su distribución, ya que el modo en que funcionan estos servidores implica que los usuarios pueden descargarse el archivo de la propia copia que uno mismo está incorporando a su ordenador. En estos casos, por tanto, no se trata sólo de posesión del material ilegal, sino también de la distribución del mismo.
Para uno de los agentes que ejercen su labor en la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras, la ausencia de una escala de valores que se identifique con la legislación vigente, unida a la accesibilidad de este material y las implicaciones adictivas del consumo juegan un papel esencial en el creciente número de depravados sexuales por internet, favorecidos, además, por un “creciente individualismo”.
Las fuentes reflexionaron acerca de que “hace años, el que llegaba al instituto con una revista pornográfica era un triunfador. Ahora accedes al material con un sólo click, y el usuario cada vez quiere más porque ya lo ha visto todo. Hay quien marca el límite y hay quien lo traspasa”, incidieron.
Patrimonio
Según informaron desde la Guardia Civil, los delitos informáticos se engloban en dos grandes vertientes: por un lado, estarían los delitos contra las personas.
Entre ellos se incluyen aquellos por posesión o difusión de material pedófilo, o los cada vez más frecuentes casos de extorsión relacionados con imágenes y/o vídeos en situaciones comprometedoras, y que con mucha frecuencia afectan a las ex parejas de los infractores.
El segundo tipo es el delito contra el patrimonio, mediante la utilización de trampas o engaños, o bien directamente programas específicos -virus o gusanos- para atraer o redirigir al usuario a un sitio web en el que puedan hacerse con sus datos bancarios.
En esta tipología de delitos hay dos que suenan con mucha frecuencia, el ‘phishing’ y el ‘pharming’. En el caso del primero de ellos, se engaña al usuario mediante la duplicación maliciosa de la página web de un banco o la correspondencia digital del mismo, al objeto de que el usuario teclee sus datos bancarios.
Desde la Guardia Civil comentaron que los datos que estos delincuentes buscan son los identificativos de la tarjeta, es decir, las series de dígitos en la parte delantera, el código de seguridad y la fecha de caducidad, los cuales sin embargo son solicitados por una gran cantidad de páginas legales a la hora de efectuar los pagos.
No obstante, y esto es lo que debe hacer sospechar al usuario, en ocasiones se pide también el número PIN, el que se teclea en el cajero, y este es el que nunca se debe dar. En el caso del ‘pharming’, sin necesidad de carta o duplicación, un virus redirige al usuario a un dominio falso para obtener la información.
