Fuentes del caso informaron a Efe de que Miguel C. D. fue sido trasladado ayer a la Clínica Forense del Prado de San Sebastián a primera hora de la mañana desde la cárcel de Morón de la Frontera (Sevilla), donde cumple prisión preventiva desde el 16 de febrero.
El estudio fue realizado por Julio Guija, psiquiatra y director del Instituto de Medicina Legal de Sevilla, y por otro forense y Jefe de servicio de Clínica, añadieron las fuentes.
Miguel permaneció en la Clínica Forense por espacio de unos 50 minutos para una prueba que, según la práctica habitual en estos casos, tendrá una segunda parte más adelante, a la vista de los resultados de la primera.
La prueba sobre la salud mental de Miguel, que podría ser utilizada para alegar alguna atenuante en el futuro juicio, fue acordada por el juez de instrucción 4 de Sevilla a pesar de la oposición de la Fiscalía, que argumentó que el imputado no ha aportado ninguna documentación previa que permita sospechar la existencia de una anomalía psíquica.
Miguel C. D, de 19 años, permanece encarcelado como asesino confeso de la joven Marta del Castillo, que desapareció el pasado 24 de enero, y el 26 de marzo protagonizó un intento de suicidio con el cordón de un chándal en los servicios de la cárcel.
Colean las escuchas
Por otra parte, el juez que investiga la muerte de Marta ha rechazado entregar al Colegio de Abogados de Sevilla la transcripción de las escuchas realizadas en la cárcel a los imputados, ya que dicha institución no es parte en el procedimiento y los abogados son los encargados de realizar los actos de defensa.
En una providencia notificada ayer a las partes, el juez de instrucción 4 de Sevilla niega al Colegio de Abogados tanto el testimonio del auto que autorizó la intervención de las conversaciones de los acusados, firmado el pasado 3 de marzo, como una copia de la transcripciones, ya entregadas a los abogados personados en el caso.
La transcripción de dichas conversaciones fue solicitada por el decano del Colegio de Abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo, al conocer que se habían intervenido, por orden judicial, la totalidad de las comunicaciones de los tres acusados que entonces permanecían en la cárcel, incluidas las mantenidas con sus defensores.
El juez justificó dicha intervención en la necesidad de obtener del asesino confeso, Miguel C. D, y de sus presuntos cómplices "cualquier dato, revelación o desliz" que permitiera encontrar el cuerpo de Marta, pero una vez constatado su fracaso ordenó, el pasado 25 de junio, la anulación como prueba de la parte de las conversaciones mantenidas con los abogados y la destrucción de sus soportes digitales.
Gallardo pretendía recibir las transcripciones para que la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados pudiese "ejercer las competencias que legalmente tiene conferidas para garantizar el derecho de defensa" y velar por el "derecho fundamental al secreto de las comunicaciones entre abogado y cliente".
El juez, sin embargo, le responde que el Colegio de Abogados no es parte en el procedimiento y que son los abogados los encargados de ejercer el derecho de defensa, por lo que esa institución puede recurrir a ellos, como asociados, para tener acceso a las transcripciones.
A raíz de la publicación de esas conversaciones y de la queja del Colegio de Abogados, el magistrado acordó abrir una investigación para identificar al autor de la filtración a la prensa y además "requirió a todos los medios de comunicación" para que dejasen de publicar las transcripciones "bajo apercibimiento de incurrir en delito".
El pasado 25 de junio, el juez rechazó la petición de los abogados defensores de decretar la nulidad de la totalidad de la interceptación de conversaciones, aunque al mismo tiempo ordenó que se destruyesen los soportes magnéticos, digitales y las transcripciones de las que mantuvieron con sus abogados en el locutorio de la cárcel.
Las fuentes dijeron a Efe que ninguna parte ha recurrido esta decisión judicial, por lo que en los próximos días el juez se procederá a la efectiva destrucción de dichos soportes.
