El portavoz del PSOE en la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, Antonio Hurtado, ha registrado en la Mesa del Congreso de los Diputados la propuesta de que "se encomiende al Tribunal de Cuentas la fiscalización de los contratos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) durante los ejercicios 2012, 2013, 2014 y 2015", para que "las irregularidades" cometidas "no queden impunes".
Así lo ha destacado, en declaraciones a Europa Press, el diputado socialista cordobés, quien ha detallado que en la propuesta, suscrita por el propio Hurtado y por el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Antonio Hernando, se demanda que la fiscalización por el Tribunal de Cuentas se lleve a cabo "especialmente con relación a los contratos de emergencia y de urgencia que se han formalizado" por la CHG en dichos años.
En este sentido, Hurtado ha señalado que "son muchas las irregularidades cometidas en la gestión de la CHG", como "la utilización del procedimiento de emergencia en 39 contratos por 27 millones de euros, en contratos a dedo, sin publicidad, ni apertura de expediente", habiéndose llevado a cabo "contrataciones de emergencia tan irregulares e impropias de ello como el arreglo de instalaciones de aire acondicionado, la compra de vestuario o la contratación de seguridad".
También, "y de forma reiterada", la CHG ha fraccionado obras "para saltarse los procedimientos administrativos exigidos, con presuntos sobrecostes en las adjudicaciones de estas obras y sin contar en ninguna ocasión con la empresa pública Tragsa, que sirve como herramienta de apoyo para muchas de las actuaciones de la CHG".
De hecho, según ha subrayado el portavoz socialista, ha habido "irregularidades graves" en la gestión de la CHG que han dado lugar a "objeciones, sobre las cuentas de la CHG de 2014 y 2015, puestas de manifiesto por la Intervención General del Estado", la cual, "a través de la Intervención Delegada, ha emitido un informe desfavorable" sobre dichas cuentas y "hace responsable" de ello "al presidente de la CHG".
Según ha señalado Hurtado, "las razones para emitir este informe desfavorable han sido muy graves", como el hecho de que "no se aclaren el total de ingresos por regulación del agua y regadíos de la CHG, al no coincidir los datos que aportan en la memoria y los datos de la contabilidad".
También pone la Intervención General del Estado "importantes objeciones en cuanto a los contratos y sus procedimientos, porque tampoco coincide lo que se indica en la memoria con los contratos suministrados" y, además, "todavía no se han incorporado en las cuentas y en el patrimonio de la CHG los bienes y elementos traspasados en 2011 por la Junta de Andalucía. No esta inventariado, ni el inmovilizado material, ni el inmaterial, y tampoco se han dotado amortizaciones a este inmovilizado desde 2011".
Es más, según concluye Hurtado, "no se aporta la relación de acreedores y figuran pendientes de pago de la CHG ya prescritos" y "no se aportan indicadores de gestión exigibles a los organismos públicos, por lo que no se valora la propia gestión por la entidad en base a objetivos".
