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Mercasevilla: la venta no fue “cosa juzgada”

La denuncia archivada no contaba con la documentación aportada posteriormente por el juzgado de Instrucción 6

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  • Egocheneaga y Salas -
  • El fiscal defiende su actuación y recuerda que nunca se ha recusado a la magistrada
  • Torrijos: El fiscal dice que podría estar prescrito el delito societario y la acusación dice que es permanente

La Fiscalía y la acusación, en contra de lo que opinan las defensas de los diez acusados en la rama de la venta irregular de los suelos de Mercasevilla, no considera que haya sido “cosa juzgada” y han defendido la instrucción que desarrolló la jueza Mercedes Alaya, nunca recusada en este caso, admitiendo el fiscal que el delito societario del que se acusa al exportavoz de IU, Antonio Rodrigo Torrijos, puede estar “prescrita”, extremo que niega la acusación que ejerce la asociación de fruteros, que defiende que este tipo de delitos han de entenderse como “permanentes”, por el abuso de las funciones y no sólo en la transmisión de los suelos.

Las cuestiones previas, que resolverá el martes la titular del Penal 13 de Sevilla, han centrado esta segunda jornada, que ha visto cómo la magistraba reprendía al exdirector general de Mercasevilla,, Fernando Mellet, por el uso continuado del móvil, que impedían que se concentrara.

El fiscal Juan Enrique Egocheaga ha rechazado que esta rama del caso  Mercasevilla sea “cosa juzgada”, ya que cuando se archivó la denuncia similar del Juzgado de Instrucción 6 no se contaba con la “abundante” documentación que aportó el de Instrucción 6, mientras que el abogado de la asociación de fruteros, Miguel Salas, ha afirmado que aquella denuncia era “universal contra Mercasevilla” y fue archivada “con errores importantes de forma”.

Sobre esta instrucción ha incidido especialmente el fiscal, defendiendo la “imparcialidad” que desarrolló la titular, Mercedes Alaya. Según Egocheaga “ninguna de las defensas ha planteado nunca" que la magistrada tuviera que abstenerse en esta causa y tampoco presentaron una recusación.

Además, las defensas no dijeron que las resoluciones de Alaya, como autos o providencias, tuvieran "visos de parcialidad", por lo que ha pedido que se rechace este motivo de las defensas.

El fiscal ha recordado que en otra de las ramas del caso Mercasevilla, la denominada del delito societario, sí apoyaron una recusación contra Alaya que no prosperó, en referencia a la defensa de Fernando Mellet.

Además, Egocheaga ha descartado las dilaciones indebidas de un caso que se empezó a instruir en 2009, extremo que también han rechazado el resto de acusaciones.

Torrijos y la prescripción

Sí que ha admitido que es posible que haya prescrito el delito societario del que se le acusa al exportavoz municipal de IU, extremo que ha rechazado la única acusación que mantiene ese delito, la de la asociación de fruteros.

Según ha expuesto Miguel Salas, que representa a la Asociación Sindical Empresarial de Fruteros, este tipo de delitos han de considerarse “permanentes” en tanto que “implica que la lesión del bien jurídico se prolonga y mantiene”, observándose todos los actos anteriores, simultáneos y posteriores al acto en sí.

Salas considera que hay que juzgar “el abuso de funciones propias de su cargo y no sólo en el momento de la transmisión” de los suelos, considerando “prudente, respetuosa y ajustada a la ley” su acusación.

“Esta parte no es Manos Limpias, ni Ausbanc, ni un partido político, sino una asociación empresarial que es accionista de Mercasevilla”, remarcaba Salas, para apuntar que no tenía interés “ni mediático ni periodístico”, sólo “el mantenimiento” de la empresa.

Funcionario o no

Otro de los argumentos centrales de las defensas, especialmente la de Mellet, fue la condición de funcionario público del exdirector general de Mercasevilla al ser ésta una entidad pública, cuestión “que no es nueva” y por la que ya se pronunciaron, en relación al caso de cohecho en la extorsión a dos empresarios, el Tribunal Supremo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y la Audiencia de Sevilla.

Sobre la petición de anulación de la documentación aportada a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por parte del que fuera director de Mercasevilla, Manuel Blanco, la Fiscalía ha recordado que este último compareció "a petición de los agentes" y que las partes tuvieron conocimiento de todo ello, por lo que "no hay ni ocultamiento ni indefensión".

El último en intervenir ha sido el abogado de Mercasevilla, Jaime García-Quílez, que también ha rechazado las cuestiones previas planteadas por las defensas.

Una vez concluidas las intervenciones, la jueza ha citado a las partes el martes 24 de enero para anunciar su decisión sobre los distintos argumentos esgrimidos, que comenzará con Mellet.

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