Cuando Brasil logró los Juegos de Río, en 2009, el país estaba de moda, disfrutaba de un "boom" económico y presumía de ser el abanderado de Suramérica. Hoy, en vísperas de la cita olímpica, es un gigante a la deriva.
Luiz Inácio Lula da Silva, presidente del país en 2009, aprovechó el tirón de la "marca Brasil" para conseguir los Juegos Olímpicos y lucía de que su país fue "el último en entrar y el primero en salir de la crisis" desatada un año antes, mientras que otros candidatos como Chicago (EE.UU.) y Madrid seguían con sus finanzas en rojo.
Nadie podía imaginar que siete años después el propio Lula, el mandatario brasileño más carismático y el mejor valorado por la población, estaría en el ojo de un huracán político sin precedentes en un cuarto de siglo y en la mira de la Justicia por corrupción.
Su ahijada política, la presidenta, Dilma Rousseff, ha sido desbancada del poder tras un "impeachment" promovido precisamente por antiguos aliados del Gobierno que la acusan de maquillar las cuentas públicas, una práctica habitual de los sucesivos Ejecutivos brasileños durante décadas.
Quien era su vicepresidente, hoy devenido en su principal verdugo, Michel Temer, ocupa el puesto de Rousseff, pero afronta también una amenaza de juicio de político.
Cerca de la mitad del Congreso que ha votado contra Rousseff tiene asignaturas pendientes con la Justicia, en su mayoría vinculadas con el escándalo de la corrupción en Petrobras, destapado por el juez Sergio Moro, que ha indignado la sociedad brasileña.
En la trastienda de esta tormenta política, una profunda recesión económica alimentada por la caída internacional de los precios de las materias primas y en especial, del petróleo, que llevó a la economía al estancamiento en 2014 y a una caída del 3,8 % el pasado año, el mayor desplome en un cuarto de siglo.
En el último año, el desempleo ha crecido un 40 % y afecta a casi 10 millones de personas, y las previsiones no son muy alentadoras para los próximos meses: otra contracción del 3,8 % en la economía y una inflación próxima al 8,0 %.
Un escenario que ha derivado en un severo ajuste y en la bancarrota para algunas administraciones estatales, como la de Río de Janeiro, obligada a retrasar el pago de los salarios a sus empleados públicos, incluida la policía.
El Gobierno interino ha anunciado un paquete de medidas para recortar el gasto público, pero aún así ha previsto que este año las cuentas del Estado cerrarán con un déficit de 170.000 millones de reales (unos 52.000 millones de dólares).
Según sostienen fuentes del Ministerio de Hacienda, si no fuera aplicado un nuevo recorte del gasto, este año el déficit pudiera ser aún mayor, lo que pondría en duda la posibilidad de que la economía brasileña comience a salir de la recesión en 2017.
Los pronósticos de los analistas privados apuntan a que la economía volverá a caer un 3,25 % este año.
El ajuste ha llegado también a la organización de los Juegos, y el Comité Organizador se aprieta el cinturón mientras el alcalde de Río, Eduardo Paes, presume de que buena parte de las inversiones han salido de manos privadas.
Inversiones realizadas a cambio de suculentas ventajas, como la obtención de terrenos, algunos hasta ahora protegidos, donde las constructoras levantarán exclusivos complejos de apartamentos que saldrán a la venta hasta por dos millones de dólares.
Algunas de esas empresas, además, están ahora en apuros con la Justicia por sus vínculos con la corrupción en Petrobras.
El control de la inseguridad y la violencia en Río, una de las promesas de la candidatura olímpica, parece un objetivo difícil de cumplir.
Aunque los indicadores de víctimas de la inseguridad han bajado en los últimos años, las cifras son escalofriantes.
En 2009, organizaciones civiles denunciaban más de 7.000 asesinatos en el estado de Río de Janeiro -con 16,5 millones de habitantes-, en su mayoría cometidos en su capital.
El pasado año, las autoridades se felicitaban porque en la ciudad de Río -con unos 6,3 millones de habitantes- se contabilizaron 1.200 asesinatos -sin contar las muertes en asaltos o a manos de la policía-. Un dato escandaloso, pero sensiblemente inferior a las 4.000 muertes de media de años anteriores.
Amnistía Internacional (AI) acaba de denunciar los "graves problemas de seguridad" de Río, la violencia policial y la falta de respuesta de las autoridades.
En 2015 se contabilizaron 307 muertos a manos de la policía en zonas marginales y, solo el pasado abril, se registraron once víctimas.
"La mayoría de los homicidios cometidos por la policía no fue ni siquiera investigada, la reglamentación de armas menos letales y el entrenamiento de los agentes no fueron implementados y las autoridades todavía tratan a manifestantes como enemigos públicos", afirma la organización.
El perfil de las víctimas se repite: "Jóvenes, negros, habitantes de favelas y de la periferia", denuncia AI.
Por si no fuera suficiente, en 2009, cuando Brasil se hizo con la candidatura olímpica, nadie pensó que Río entraría en la lista de amenazados potenciales por el Estado Islámico (Isis).
Pero a solo quince días de la inauguración de los Juegos Olímpicos fueron detenidos diez sospechosos de simpatizar con el Estado Islámico (EI) y de hacer "preparativos" para un posible atentado durante la cita del deporte mundial.
Aunque aclaró que era "una célula absolutamente aficionada" y "desorganizada", el ministro de Justicia de Brasil, Alexandre de Moraes, explicó en rueda de prensa que algunos de los miembros de ese grupo llegaron a tener al menos un contacto con el EI a través de internet.
Tampoco era imaginable que el país sufriera el azote de plagas como el zika y ahora también la gripe A y que se suman al dengue, una enfermedad endémica de Río y que cada año afecta a miles de personas en esta ciudad.
Una "tormenta perfecta" que, sin embargo, según el Gobierno, no impedirá que Brasil tenga "los mejores Juegos del mundo".
