Los mariscadores sanluqueños han vuelto a alertar sobre la presencia masiva de pescadores furtivos en las playas de Doñana. La Asociación de Pymes de Sanlúcar, en la que está integrada la entidad Mariscadores de Sanlúcar S.C., ha hecho un llamamiento a las autoridades, a las que acusa de "dejadez" por el control del furtivismo en la zona And1-11 del Parque Nacional de Doñana, exigiendo además el apoyo a esta empresa para controlar el furtivismo "que está mermando la existencia de coquinas en esta zona".
Los mariscadores sanluqueños, constituidos en la firma Mariscadores de Sanlúcar S. C. y propietarios de la marca registrada 'La fina de Doñana' defienden el "camino de la legalidad" al constituirse como empresa ante la ilegalidad de los furtivos. Sostienen que la captura ilegal de coquinas en esta zona de pesca está mermando el sustento de las 19 familias de Sanlúcar que desempeñan esta actividad profesional.
La actividad profesional del mariscador está regulada mediante un carnet concedido por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz. Los futirvos, que carecen del mismo, suponen "una grave competencia desleal" argumentan, ya que los mariscadores profesionales pagan por la licencia, respetan la normativa en cuanto a paro por toxina, talla y tara y se ven "abandonados por la administración que no vela por regular la presencia de furtivos en esta zona".
La extracción ilegal está sujeta a sanciones que pueden ser graves y muy graves y cuyas multas oscilan entre los 301 a los 60.000 euros y entre los 60.001 y los 300.000 euros en el segundo caso. El marisqueo ilegal, como delito penal, puede conllevar penas de seis meses a dos años de prisión conforme a la gravedad de los hechos.
