Hoy a las 12.00 horas comenzaba la huelga de hambre de tres de los integrantes del Movimiento en Lucha Contra el Desempleo y la Exclusión Social, que lleva más de seis meses movilizándose en Cádiz, reclamando medidas concretas. El colectivo que se encontraba encerrado en el Ayuntamiento era desalojado de las dependencias municipales, después de ser alertados por la Policía Local.
En su reivindicación constan acuerdos plenarios que se iban a acometer en muy corto plazo, es decir, en menos de seis meses, como es la creación de una empresa de economía social dedicada a tareas de pequeño mantenimiento urbano, bajo la forma jurídica de sociedad cooperativa, con una estimación de trabajadores de entre 50 y 75.
Desde el equipo de Gobierno se informa que se permitió la ocupación temporal del salón de plenos así como la instalación de pancartas hasta que la asamblea del encierro decidió instalarse en el ala administrativa del edificio donde trabajan los técnicos y la ciudadanía acude a llevar a cabo sus trámites administrativos cotidianos.
Desde el equipo de Gobierno se les informó de que su presencia en esta zona del Ayuntamiento alteraba el funcionamiento ordinario del Consistorio e impedía a los funcionarios prestar un servicio de calidad a los ciudadanos. Afirman que las “las responsabilidades políticas del ejercicio del gobierno las asume plenamente el Gobierno municipal pero la administración local no debe sufrir las consecuencias de la legítima protesta de la ciudadanía”. Pese a esto y desoyendo las recomendaciones de la Policía Local decidieron ocupar dicho espacio y esperar el desalojo, destacan en nota de prensa.
Finalmente, en torno a las 14.00 horas, los miembros del colectivo de parados han sido desalojados de la Casa Consistorial sin incidentes, sin ofrecer resistencia a la actuación de la Policía Local entendiendo los motivos de su salida. Como muestra al final de la acción, el líder del grupo estrechó la mano del jefe del servicio de Policía Local que ha intervenido.
El equipo de Gobierno ha reafirmado su compromiso en la senda abierta de los criterios generales y justos de contratación local en clave social y de reparto del trabajo que genera el Ayuntamiento. “Debemos seguir tratando de conseguir un Gobierno central que derogue la injusta Ley Montoro que asfixia a los ayuntamientos y no permite crear empresas municipales”.
Recuerdan que el colectivo de parados demanda una empresa municipal para la contratación de personal de mantenimiento. Sin embargo, desde el equipo de Gobierno se ha reiterado que la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración local (conocida como Ley Montoro) establece que “los ayuntamientos endeudados como el nuestro no podrán adquirir, constituir o participar en la constitución, directa o indirectamente, de nuevos organismos, entidades, sociedades, consorcios, fundaciones, unidades y demás entes” por lo que mientras esta Ley esté en vigor no es posible crear esta empresa.
No obstante, se está trabajando en cláusulas sociales y reservas de mercado para que los contratos públicos del Ayuntamiento prioricen la colaboración con empresas con criterios sociales y de empleabilidad de las personas desempleadas de la ciudad. Señalan que “se les ha ofrecido asesoramiento municipal para conformar cooperativas o sociedades así como diálogo permanente sobre dichas cláusulas sociales y reservas de mercado para mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas de Cádiz”.
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