El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia de Jaén que condenaba a seis años de cárcel y multa de 3.240 euros a Manuel Jesús C. C., de 40 años, responsable de una inmobiliaria que estafó 300.000 euros a más de 200 vecinos de Jaén capital.
Los afectados, víctimas de la mayor estafa inmobiliaria registrada en Jaén, suscribieron con el procesado contratos de reserva para una promoción de viviendas en Jaén capital para la que ni tan siquiera había gestionado la compra del suelo, que además era no urbanizable y contaba con figura de especial protección.
La sentencia del TS a la que ha accedido Europa Press confirma también la pena de prisión y la multa por la que Manuel Jesús C. C. deberá devolver a los perjudicados, en concepto de responsabilidad civil, los 300.000 euros que estafó, así como asumir el pago de la mitad de las costas procesales.
En el banquillo de los acusados se sentó también en junio del pasado año la mujer de Manuel Jesús C. C., como gerente de la inmobiliaria, aunque ésta quedó absuelta por el tribunal. Según recogía la sentencia de la Audiencia de Jaén "no ha quedado acreditado que la acusada conociera la estafa que estaba llevando a cabo su marido, ni que realizase cualquier acto ejecutivo en el diseño y plasmación de ese plan defraudatorio".
El Supremo respalda como hechos probados que era Manuel Jesús C. C. la persona que recibió el dinero de las reservas, además de ser el encargado de enseñarles los planos y explicarles cómo iba a ser el proyecto.
Se cierra así, elevando a firme la sentencia de la Audiencia de Jaén, la estafa inmobiliaria de mayor tamaño perpetrada en la ciudad de Jaén donde numerosas familias y particulares vieron como a lo largo de 2009 se volatilizaban sus entregas a cuenta a una inmobiliaria para hacer realidad su sueño de contar con una vivienda en una zona inigualable de la ciudad.
LA ESTAFA
Manuel Jesús C.C promovió la promoción de casas unifamiliares bajo el nombre de 'Ciudad La Yedra'. El procesado anunció la promoción sobre unos terrenos que ni tan siquiera eran de su propiedad y para los que no habían hecho ninguna gestión previa de compra con los propietarios de los mismos.
Una vez publicitada la promoción, fueron cientos de personas las que se pusieron en contacto con la inmobiliaria. Concertadas las entrevistas, Manuel Jesús C.C. informaba del proyecto e incluso en algunas ocasiones se trasladaba hasta los terrenos para enseñárselos a los potenciales clientes, muchos de ellos jóvenes parejas que tenían previsto casarse a medio plazo y que buscaban su primera vivienda.
Finalmente fueron unas 200 personas las que suscribieron el contrato tipo para "reserva prioritaria en la elección de vivienda" que era suscrito por Manuel Jesús C.C., en calidad de administrador de 'Gestión del Suelo Estudio de Urbanismo Ahillos', pero en los que también aparecía el nombre de su esposa en calidad de gerente.
La suscripción de este contrato de reserva conllevaba el desembolso de 1.500 euros que todos los afectados depositaron bien en la oficina donde firmaron o en diversas entidades bancarias.
Una vez hecho el desembolso para la adquisición de las viviendas, cuyos precios oscilaban entre los 210.000 y los 150.000 euros, los acusados comunicaban a los compradores que no tendrían que realizar gestión alguna hasta que el Ayuntamiento de Jaén les concediese la licencia para el proyecto en su totalidad ya que sólo contaban con una licencia parcial. Asimismo, advertían a los compradores que las gestiones con la Gerencia de Urbanismo podrían sufrir algún retraso.
Para tranquilidad de los compradores, los acusados recogían en el contrato tipo que en el caso de que la promoción no saliera adelante, la gestora se comprometía a "la total devolución en los plazos establecidos mediante pagaré nominativo o transferencia bancaria".
Finalmente, los compradores tras reclamarles en innumerables ocasiones que cumplieran lo pactado, acabaron acudiendo a Urbanismo donde les informaron que sobre los terrenos en cuestión no había proyectada ninguna urbanización puesto que estaban situados en una zona clasificada como no urbanizable protegido por interés agrario.
Con esta información, los perjudicados comenzaron a interponer denuncias en la Policía Nacional con fecha de 3 de septiembre de 2009 para reclamar la devolución de los importes abonados e impedir que los acusados siguieran vendiendo la promoción.
