Los acreedores internacionales de Grecia regresan hoy a Atenas para retomar con el Gobierno heleno las negociaciones sobre la primera evaluación de las reformas vinculadas al tercer rescate, unas conversaciones que se presentan difíciles, pero que todas las partes esperan concluir con éxito antes de mayo.
Los jefes de misión de la denominada cuadriga -Comisión Europea (CE), Banco Central Europeo (BCE), Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) y Fondo Monetario Internacional (FMI)- llegarán previsiblemente esta tarde pero, según señalaron a Efe fuentes del ministerio de Finanzas, no será hasta mañana cuando empiecen las sesiones de trabajo.
El presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijssselbloem, reconoció ayer que Grecia tiene todavía "mucho trabajo" por delante y aunque ha presentado "propuestas serias", por ejemplo, en materia de pensiones, todavía es necesario que "profundice" sus reformas.
Del éxito de la evaluación no solo dependerá el desembolso de un nuevo subtramo del rescate -5.700 millones de euros- del total de 86.000 millones que puede llegar a alcanzar el programa, sino también que por fin se abra el debate sobre un alivio de la deuda, uno de los principales caballos de batalla del Gobierno de Alexis Tsipras.
Dijsselbloem prometió que este debate se abrirá próximamente si Grecia cumple su parte del acuerdo sellado el pasado verano.
Para llegar a ello habrá primero que superar una serie de escollos como, por ejemplo, ponerse de acuerdo sobre las previsiones para el déficit financiero de este y de los próximos años, unas estimaciones donde hay divergencias no solo entre Grecia y las cuatro instituciones, sino entre la parte europea de los acreedores y el FMI.
El FMI cree que para que Grecia pueda alcanzar en 2018 el superávit primario del 3,5 % del PIB acordado en el rescate deberá aprobar una serie de medidas fiscales adicionales de entre 7.500 y 9.000 millones de euros; la CE estima que solo son necesarios 5.500 millones, mientras que el Gobierno griego calcula que hacen falta 1.800 millones de euros.
Las previsiones financieras constituyen el armazón de la negociación durante estas próximas semanas, pues de la cifra final dependerá hasta qué punto son necesarios ajustes adicionales.
De esta cifra depende, por ejemplo, si el recorte en el gasto de las pensiones calculado por el Gobierno es suficiente o será necesarios mayores esfuerzos.
En una entrevista ayer con el diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung, el ministro heleno de Finanzas, Euclides Tsakalotos, demandó a los acreedores que no pidan más "recortes en las pensiones" y recalcó que Grecia ya ha aplicado la tijera once veces desde el primer rescate de 2010.
Además del cálculo financiero, los tres principales puntos de divergencia entre Grecia y la cuadriga son la reforma de las pensiones, la del sistema impositivo y las condiciones de compra de préstamos morosos por parte de los fondos buitre.
Con respecto a las pensiones el Ejecutivo heleno contempla el incremento de la edad de jubilación de 65 a 67 años, la unificación de las 13 cajas de pensiones en una, y la introducción de normas de cotización uniformes del 26,95 % de los ingresos imponibles para todos los colectivos.
El Gobierno de Tsipras ha dado prioridad a mejorar la parte de los ingresos y evitar tocar el gasto (tan solo las pensiones futuras y las suplementarias sufrirán recortes).
Hasta ahora los acreedores se han mostrado recelosos de que estas recetas sean suficientes, sobre todo si se tiene en cuenta que tan solo en las dos principales cajas de la seguridad social (la de los asalariados IKA y la de autónomos OAEE) el déficit suma ya 1.540 millones de euros.
Con respecto a los impuestos, el Gobierno quiere aumentar los impuestos para los que declaran ingresos superiores a los 30.000 euros anuales.
Los acreedores consideran que con esta opción se alcanzará tan solo a unos centenares de miles de contribuyentes, con lo que hay riesgo de no cumplir el objetivo recaudatorio.
La propuesta de la cuadriga es reducir la exoneración fiscal que existe para asalariados y los jubilados con ingresos de hasta 9.500 euros anuales.
Con respecto a los créditos morosos, el Gobierno griego quiere que los llamados fondos buitre no puedan adquirir cuatro categorías de préstamos: hipotecas de primera vivienda que no están protegidas, préstamos al consumo de hasta 20.000 euros, préstamos a pymes hasta 500.000 euros y préstamos a autónomos de hasta 100.000 euros.
Los acreedores consideran que los fondos deben poder adquirir también este tipo de deudas.
