La diputada y exsenadora del PP María José García Pelayo ha negado hoy en la causa abierta para investigarla en el Tribunal Supremo haber firmado cuando era alcaldesa de Jerez contratos de adjudicaciones aparentemente irregulares a empresas de la trama Gürtel.
El Supremo abrió en septiembre de 2015 una causa para investigar si García Pelayo cometió un delito de prevaricación continuada y otro de falsedad en documento público en relación con las adjudicaciones a empresas de la trama Gürtel de eventos de Fitur 2004.
"No participé en la tramitación del expediente" aunque tenía competencias para ello, pero "yo no fui quien firmó los contratos", ha declarado a los periodistas la diputada a su salida de la comparecencia ante el instructor del caso en el alto tribunal, Antonio del Moral. No ha querido responder a las preguntas de los periodistas.
"Ha sido una declaración de algo más de una hora", ha informado a los medios a su salida del Supremo. "En primer lugar he dejado claro que tenía competencia para firmar los contratos. Ha quedado acreditado porque hemos aportado todas las actas con las certificaciones que me delegaban la competencia para la firma".
Pero "luego he dejado claro también que yo no fui quien firmó los contratos y he aportado también los documentos correspondientes", ha añadido: "todos sabemos cómo funcionan los Ayuntamientos, los alcaldes no tramitan los expedientes".
En suma, la diputada y exsenadora ha declarado que, aunque tenía competencias, no firmó contratos administrativos llevados a cabo por el Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Jerez (IPDC), un órgano participado por el Ayuntamiento de Jerez, para el desarrollo de Fitur 2004.
Esos contratos presentan, según el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, "groseras irregularidades". El citado magistrado fue quien elevó al Supremo una exposición razonada, al haber aparecido indicios contra la aforada, exposición que derivó en la apertura de una causa que podría llevar al alto tribunal al archivo o a pedir el suplicatorio para encausar a García Pelayo.
En el auto en el que abrió causa contra García Pelayo la Sala de lo Penal del Supremo reconocía "la trascendencia de los indicios" que existen para implicarla.
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, instructor del caso Gürtel, elevó una exposición razonada al Supremo, apuntando que García Pelayo podría haber cometido un delito de prevaricación continuada, en relación con expedientes presuntamente tramitados de forma irregular y adjudicados a empresas de la trama Gurtel.
En concreto, se trataba del relativo a la adjudicación del stand de Fitur 2004, el de acondicionamiento para un espectáculo ecuestre en la Plaza Mayor de Madrid y otro de flamenco en los jardines de Cecilio Rodríguez del Parque del Retiro de la capital.
Para el citado juez "todos estos actos y decisiones (...) trascendieron las meras ilegalidades. Su arbitrariedad fue patente y grosera (...) y desbordaron la legalidad de un modo evidente, flagrante y clamoroso".
El Supremo alabó aquella "detallada y bien articulada" exposición realizada por De la Mata. Además, apuntó que las adjudicaciones se podrían haber hecho sin tener la competencia para ello y en virtud de acuerdos pactados con terceros y con simulación.
