En octubre del pasado año, en el marco del Congreso del Partido Conservador, Fabian Picardo pronunció un discurso en el que anunció que “antes de final de año” Gibraltar contaría con un registro de propiedad beneficiaria efectiva de todas las empresas establecidas en el Peñón.
Un anuncio que llegaba después de que el primer ministro del Reino Unido, David Cameron, se hubiera centrado en la reunión del G8 que había presidido anteriormente en la transparencia de los servicios financieros. Y Cameron se comprometió en 2014 a la creación de registros centrales de propiedad beneficiaria efectiva.
Ayer, la prensa británica se hacía eco de una pregunta parlamentaria en la que se había dejado claro que solo Gibraltar y Montserrat (en las Antillas menores) habían cumplido con el compromiso del Gobierno de David Cameron de que los territorios de ultramar producirían un registro de propiedad beneficiaria.
Así las cosas, el Peñón, bajo el Gobierno de Fabian Picardo, habría sido uno de los dos del total de 14 territorios que ha cumplido con la promesa formulada por el primer ministro británico.
En febrero de 2015 el ministro principal emitió una rotunda carta al líder del Partido Laborista, Ed Miliband, en la que subrayaba el significado de la pertenencia de Gibraltar a la UE y a la Convención multilateral sobre asistencia administrativa mutua en materia fiscal del Consejo de Europa y la OCDE. Subrayaba que por la pertenencia a estos organismos, Gibraltar, a diferencia de otras Dependencias de la Corona y Territorios de Ultramar, cuenta con una exigente legislación y cumple rigurosamente con las normas británicas y comunitarias.
Esta pregunta parlamentaria tiene su origen a raíz de la polémica por el acuerdo de Google con la Hacienda británica para devolver unos 130 millones de libras en impuestos supuestamente evadidos a través de su filial en Irlanda.
Además, estos días se ha conocido que seis de la diez mayores multinacionales británicas no pagaron impuestos en Reino Unido.
