El 22,58 por ciento de los malagueños están en riesgo de pobreza y exclusión social. El 27,16 por ciento en la zona nordeste; el 23,36 por ciento, en la zona oeste y el 9,72 por ciento, en la zona este. Más de la mitad de los menores de 16 años viven en hogares que llegan a fin de mes con dificultad y casi 4 de cada 10 malagueños tiene dificultades para llegar a fin de mes, más de 10 puntos por encima de la media estatal. Son datos de la pobreza en la capital del Observatorio de Medio Ambiente Urbano del año 2011 “que han ido en aumento”, según IU-Málaga para la Gente. Desde la coalición de izquierdas exigirán al equipo de Gobierno popular la puesta en marcha de un plan contra la pobreza y la desigualdad en Málaga que, entre otras medidas, aumente en tres millones de euros el Fondo Social urgente para atender necesidades sociales.
“Vemos con estupor cómo las partidas dedicadas al gasto social se han recortado un 10 por ciento desde 2010 a 2015”, lamentó el portavoz Eduardo Zorrilla, que insta al Ayuntamiento a actualizar el informe sobre la distribución de la renta, pobreza y desigualdad realizado por el OMAU. Entre las medidas que la coalición de izquierdas pondrá sobre la mesa para darle encaje en las cuentas, aún en borrador, para este 2016 se encuentra la creación de un banco de tierras públicas y de huertos urbanos para cederlo a colectivos en riesgo de exclusión, coordinado con una red municipal de economatos sociales y solidarios en la ciudad que beneficiaría a unas 5.000 familias al año, así como un programa municipal de acceso al trabajo garantizado, al que puedan acogerse al menos 2.000 personas en dos años.
Básicos y vivienda
Junto a la cobertura de agua, luz y gas para las familias con menos recursos, la propuesta de Málaga para la Gente contempla aumentar la cobertura de acceso a la vivienda poniendo en marcha medidas que garanticen el alojamiento, incrementando progresivamente el parque municipal de viviendas o con un programa que destine más fondos para ayudas para el alquiler que Zorrilla estima que podría beneficiar a 1.500 familias al año, con 300 euros mensuales.
En materia de transporte, la edil Remedios Ramos puso de manifiesto la necesidad de garantizar el derecho al transporte de los desempleados suprimiendo la limitación de 50 viajes de la tarjeta de la EMT ahora existente y creando una tarjeta universal para las personas con bajos recursos, a partir de una renta. Un conjunto de medidas que requerirá, en algunos casos, de estudios específicos, pero que, a grandes rasgos, implicaría la inversión de más de 13 millones de euros en el capítulo de Bienestar Social de la ciudad.