Fertiberia ya ha presentado ante la Audiencia Nacional (AN) el escrito de preparación del recurso de casación que irá al Supremo, con el que tratará de evitar afrontar el pago de la fianza de los 65,9 millones de euros que la AN le exige para acometer la restauración de las marismas onubenses contaminadas con sus balsas de fosfoyesos.
El escrito, presentado este martes 15 de diciembre y al que ha tenido acceso Viva Huelva, es prácticamente la última vía judicial que le queda a la compañía de Villar Mir para no afrontar el aval, y en él reitera diferentes aspectos legales, ya defendidos en ateriores recursos, para tratar de que el Alto Tribunal le dé la razón que hasta ahora no le ha dado la Audiencia Nacional. De esta manera, Fertiberia recuerda que “la resolución que recurrimos en casación decreta la ampliación de la garantía exigida, algo no contemplado en las resoluciones anteriores, y de hecho contraviene lo ya determinado al requerir para asegurar la correcta ejecución de los trabajos de regeneración ambiental una garantía por importe de 65,9 millones”.
“Abuso o exceso”
Entre sus argumentaciones, la empresa condenada defiende que el recurso de casación “se funda en los motivos establecidos en los apartados a y d del artículo 88 de la Ley Reguladoras de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), por abuso o exceso en el ejercicio de la jurisdicción y por la infracción de las normas del ordenamiento jurídico, Constitución y de la jurisprudencia aplicable para resolver las cuestiones objeto de debate”.
Asimismo, el escrito de Fertiberia refleja que “las resoluciones que declararon la caducidad de las concesiones no impusieron a Fertiberia la obligación de prestar fianza que asegurase la restauración”. En este punto, se agarra a que “la única resolución administrativa sobre esta cuestión es la dictada” por el director general de Costas el 1 de abril de 2011, “en la que se establecía que la garantía que debía prestar era de 21,9 millones de euros, sin establecer ninguna previsión de revisión al alza para el caso de que se aprobase un proyecto de mayor coste económico. Esta resolución adquirió firmeza al no ser recurrida por ninguna parte”. Ante esto, considera que la Audiencia Nacional “la ha revocado sin que previamente haya existido ningún recurso contencioso-administrativo que le permitía el ejercicio de la función jurisdiccional. Por tanto, sin tener jurisdicción ni potestad para revocarla”.
Además, refiriéndose a los autos de 14 de diciembre de 2009 y 30 de junio de 2011, considera Fertiberia que “causaron firmeza y, en base a lo decretado por el Tribunal, Fertiberia cumplió fielmente con las obligaciones impuestas, entre ellas constituyó por 21,9 millones las garantías exigidas”.
Por último argumenta que la fianza de 65,9 millones impone “la obligación de prestar garantía por un proyecto no aprobado y que el cambio de administraciones podría conllevar que nunca se aprobara”, a lo que añade que “quedaría garantizado el cumplimiento del actual proyecto, no de otro, de manera que, en el caso de que el aprobado finalmente fuera distinto, en todo aquello que se aparte del actual, no quedaría garantizado”.
MRH exige ya el embargo
Como parte del procedimiento, Viva Huelva contactó con Mesa de la Ría, cuyo portavoz municipal y concejal, Rafael Gavilán, consideró que este recurso “era de esperar”, pero también indicó a este medio que su formación, a raíz de este nuevo paso judicial dado por Fertiberia, va a mover ficha de nuevo. Así, por un lado, Mesa de la Ría solicitará en el plazo de un mes ante el Supremo la inadmisión del recurso de casación y, por otro, va a presentar un escrito ante la Audiencia Nacional para “exigir” que “se ejecute el aval, que Fertiberia asuma la fianza de 65,9 millones, que se proceda ya al embargo patrimonial”.
