La Fiscalía de Huelva ha rebajado de cinco años y seis meses a dos años la pena de prisión que solicitaba para el exjefe provincial de la Jefatura de Tráfico Andrés Sánchez Buenaposada por una presunta trama de carnés fraudulentos, destapada en 2009, lo que provocó su dimisión en esas fechas, al aplicar la atenuante de dilaciones indebidas.
La petición de cárcel es por un delito continuado de falsificación en documentos oficiales y en concurso de prevaricación. A su vez, la fiscal, según ha expuesto en su informen final ante la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, también ha rebajado los años de inhabilitación de cinco años y medio a cuatro años, así como la multa de 6.000 a 3.600 euros.
La aplicación de la atenuante también es efectiva para los otros siete acusados en la causa, entre ellos el coordinador de examinadores J.C.P.G y la examinadora de práctico M.R.F.S., que ven reducida la petición de prisión por un delito de tráfico de influencias de un año y seis meses a cuatro meses, mientras que la inhabilitación para su ejercicio, por este delito, queda rebajada de cinco años a dos años y seis meses y por el de prevaricación de ocho años y medio a cuatro años.
Por los citados delitos, la examinadora de práctico M.C.P.R. ha visto reducida su petición de cárcel de dos años a cinco meses y el período de inhabilitación total de 15 años a siete.
Para los otros tres acusados, entre ellos el agente de la Guardia Civil, se pasa de un año y seis meses de cárcel a cuatro meses por tráfico de influencias y de cinco años a un año y cuatro meses de inhabilitación, mientras que a la persona que sólo estaba acusada de falsificación, se le ha rebajado la pena de cárcel de nueve a cuatro meses.
Al margen de esto, la Fiscalía ha pedido que se deduzca testimonio de la declaración de uno de los testigos que ha participado en la vista, al considerar que podría haber incurrido en falsedad.
Durante el juicio, que arrancó el pasado lunes, tanto el exjefe provincial de Tráfico como los demás acusados negaron que pidieran o hicieran favores y han defendido su labor en todo momento, mientras que sus defensas pidieron la nulidad de las escuchas telefónicas.
"Jamás en mi vida le he pedido eso a un examinador, Dios me libre, porque directamente me habría denunciado ya que la relación con la plantilla de examinadores era algo conflictiva", ha mantenido el acusado durante la vista oral.
EXISTENCIA DE IRREGULARIDADES
Por su parte, el Jefe de Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional de Huelva señaló que las investigaciones desarrolladas por la Policía Nacional, en el marco de esta operación, constataron la existencia de irregularidades y de falseamiento de datos en distintos procedimientos.
Durante su intervención, recordó que antes de solicitar la intervención de las comunicaciones telefónicas de una de las examinadoras en junio de 2008, un año antes ya se estaba recabando datos en relación a la posibilidad de que un grupo de funcionarios pudieran estar cometiendo hechos delictivos.
Respecto a la nulidad de las escuchas, la Fiscalía se ha opuesto mientras que el tribunal ha decidido que resolverá esta cuestión en sentencia, tras haber practicado la prueba pertinente durante el juicio.
El Ministerio Fiscal considera probado que Sánchez Buenaposada "manipuló diversos expedientes sancionadores con el fin de realizar condonaciones de multa o de sanciones en general, o en otros casos, lograr una resolución irregular e improcedente de los mismos a fin de favorecer a las personas expedientadas".
