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Viernes 17/05/2024  

Andalucía

Mucho pacto y pocas nueces

IU sólo pudo transformar en leyes dos de las más de 40 iniciativas que consensuó con el PSOE en la anterior legislatura. Ciudadanos condiciona cualquier respaldo al PSOE a que se cumpla el acuerdo de investidura

  • Díaz y Valderas -

Las urnas devolvieron el 22 de marzo al PSOE la condición de partido más votado en Andalucía y colocaron el listón de su apoyo en los 47 escaños, idénticos a los cosechados en 2012 cuando José Antonio Griñán aún no había cruzado el puente del adiós y suficientes ahora, por la fragmentación del voto hasta en cinco grupos políticos diferentes y el descalabro del PP, para mantener una legislatura más el poder en San Telmo. Eso sí, quedó lejos del botín de la mayoría absoluta y se vio obligado a buscar un aliado que arrojase sosiego sobre las marejadas que suelen arreciar cuando el poder se ejerce en solitario.

Superado el experimento del Gobierno conjunto con Izquierda Unida, que arrancó en idílico pacto de progreso por Andalucía y concluyó en una relación con tantas aristas que precipitó el adelanto electoral, el PSOE encontró compañero de viaje en Ciudadanos (en buena medida porque el juego de alianzas con Podemos parece disputarse en cada territorio en diferentes tableros, y Andalucía no iba a ser una excepción). La formación liderada por Juan Marín había irrumpido con 9 diputados en la Cámara autonómica y se prestó a sostener la investidura de Susana Díaz cuando el sudoku de la toma de posesión, frustrada en varias ocasiones, parecía amenazar con otra irremediable convocatoria electoral.

Para que el apoyo fructificase Ciudadanos puso sobre la mesa una listado de algo más de 70 medidas que, insistió entonces hasta la saciedad, no constituyen un pacto de gobierno sino sólo el acuerdo que abría de par en par al PSOE las puertas del Ejecutivo. Uno de esos puntos, el de la rebaja del tramo autonómico del IRPF hasta en 3,5 puntos -iniciativa que los socialistas también incluían en su programa electoral- se ha convertido en el escollo de la recién iniciada relación entre Ciudadanos y PSOE, el primer gran pacto que suscribía en toda España una formación emergente y otra de las dos que encarnan el bipartidismo clásico,  el tótem cuya aniquilación reclaman como motor fundacional tanto el partido moldeado por Albert Rivera como Podemos.  

La experiencia de IU

Marín ha lanzado el órdago: o hay recorte fiscal para las rentas bajas y medias a lo largo de 2016 o el PSOE tendrá que ir buscándose otro compañero de viaje para sacar adelante los Presupuestos de la comunidad. “Es un compromiso contemplado en el pacto de investidura”, insisten desde la formación naranja. Corren nuevos tiempos, pero si el punto de partida para calibrar el grado de cumplimiento de ese compromiso es la experiencia con IU quizás no haya que aguardar grandes resultados en el futuro.

Ratificado en abril de 2012, el autoproclamado Pacto por Andalucía sentó por primera vez a Izquierda Unida en un Gobierno de la Junta de Andalucía, una de las aspiraciones soñadas por una coalición que tras una dura travesía por el desierto canalizó buena parte del descontento social en plena tormenta desatada por la crisis económica y los escándalos de corrupción (Podemos aún estaba por nacer). José Antonio Griñán cedió la vicepresidencia primera a Diego Valderas y tres consejerías, una de ellas la de Fomento y Vivienda, a la postre uno de los grandes focos de tensión entre los dos aliados tras encontronazos como los de la corrala La Utopía, el caso de las viviendas ocupadas en Sevilla que derivó en un decreto por el que Susana Díaz retiró competencias a la consejería dirigida por Elena Cortés (IU).

El balance tras la descomposición de aquella alianza no da para muchos aplausos: PSOE e IU sólo fueron capaces de sacar adelante en forma de ley dos de las casi 30 iniciativas que consensuaron, según el balance facilitado a este diario por la propia coalición de izquierdas. Vieron la luz el texto legal que desde entonces vela por los derechos de los transexuales y la Ley de Transparencia. En ese pírrico currículum aparece también la Ley de la Función Social de la Vivienda, aunque no figuraba en el pacto de gobierno y a la postre se convirtió en un quebradero de cabeza por el recurso interpuesto por el Estado.

La partida se juega ahora en la precampaña de las generales. Y ahí C’s tendrán que desvelar si su pacto es un compromiso sólido o si, por el contrario, termina naufragando como el de IU.

Ya o durante la legislatura, el ‘combate’ semántico

¿En apenas unos meses o en el arco temporal que abarca hasta 2019? La diferencia parece tan abultada que Ciudadanos y el PSOE han escenificado en la última semana una abultada disparidad de criterios sobre cuándo se supone que deben cristalizar los acuerdos contemplados en el pacto de investidura que aupó a Susana Díaz a la presidencia de la Junta.

El detonante del primer distanciamiento entre ambos partidos fueron unas declaraciones en los pasillos del Parlamento en las que la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, advertía de que la reforma del tramo autonómico del IRPF que figuraba entre las promesas electorales del PSOE se aprobará a lo largo de 2016 sólo si la coyuntura económica lo permite. Ciudadanos, que incluyó esa misma rebaja de entre 2 y 3,5 puntos como una de las más de 70 condiciones impuestas a los socialistas, alertó horas después de que si esa iniciativa no fructifica en unos meses no habrá apoyo a los Presupuestos.

No era el primer toque de atención. En una entrevista concedida el fin de semana anterior a Efe, Juan Marín ya deslizaba que el respaldo a las cuentas públicas de la Junta no estaba cerrado y que la posibilidad de que fueran prorrogadas por falta de acuerdo no debía desdeñarse con tanta rapidez.

Ciudadanos quiere la reforma y la quiere ya, y el PSOE insiste en que es un compromiso “de legislatura”,  y por tanto no inminente.

Ni banca pública ni renta básica

PSOE e Izquierda Unida levantaron la bandera de la política social como argumento vertebrador del pacto de gobierno de 2012. Eran tiempos en los que el Partido Popular de Javier Arenas acababa de anotarse la primera victoria electoral de su historia (insuficiente) en Andalucía y Rajoy no daba con la tecla para frenar la crisis desde La Moncloa. IU lanzó los grandes retos de crear una banca pública (planeaban los rescates al sector) y garantizar una renta básica, pero ninguno de esos proyectos vio la luz.

 

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