El Pleno del Congreso acogerá el próximo martes, 7 de julio, el debate del decreto aprobado el pasado mayo con el crédito extraordinario de más de 856 millones de euros para pagar los programas especiales de armamento y en el que una parte de la oposición pedirá un mayor control de este gasto y que éste se incluya en los Presupuestos del Ministerio de Defensa.
Los programas especiales de armamento tienen un sistema de financiación especial que se basa en anticipos del Ministerio de Industria. El pago de lo que se adquiere se realiza con cargo al presupuesto de Defensa y es en el momento de la entrega cuando el fabricante devuelve los anticipos al Tesoro Público.
El Gobierno lleva años recurriendo a esta fórmula de hacer frente a los pagos de los programas de armamento. Concretamente, en el verano de 2012 se aprobó otro crédito de más de 1.700 millones de euros, en 2013 la cantidad ascendió a 877 millones y el año pasado a 883,6 millones.
"ENGAÑO" A LOS CIUDADANOS
La oposición ha criticado duramente esta fórmula para atender al pago de los programas; incluso el PSOE ha recurrido ante el Tribunal Constitucional los dos últimos créditos aprobados por el Gobierno por considerarlo un "engaño" a los ciudadanos por aprobar cada año unos Presupuestos para Defensa y después aumentarlos con estos decretos.
El Ejecutivo accedió a tramitar el decreto como proyecto de ley, de modo que los grupos parlamentarios han presentado enmiendas de totalidad y parciales al texto para que el dinero para armamento se destine a otros fines o se someta a un mayor control.
Así, por ejemplo, el PSOE reclamará en el Pleno que el gasto en armamento también se contemple en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado y a lo largo del año no se puedan hacer modificaciones al respecto.
Así lo defenderá también el grupo de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), pero también una revisión de los programas de armamento y, en la medida de lo posible, anulados aunque esto suponga tener que pagar compensaciones a las empresas. También sugerirá al Gobierno la redacción de un proyecto de ley para reducir la deuda militar.
AUDITORÍA EXTERNA
Por su lado, UPyD opina que "debe realizarse una auditoría externa que ponga fin a las malas prácticas que han existido" en la gestión de los programas de armamento, que han sido "un nido de sobrecostes difíciles de explicar, opacidad y, en varios casos, directamente abusos y comportamientos poco íntegros".
A su juicio, esta auditoría debe contener "la utilidad real de los 19 programas en relación con las amenazas y los riesgos para la defensa española, la cantidad de los programas recepcionados y los que no lo han sido, la vigencia o denuncia de los distintos contratos con la industria, el coste de cada programa y su plan de pagos, los calendarios de devolución de los préstamos, y los calendarios de entrega y de imputación de déficit correspondiente".
Mientras tanto, el grupo de Convergència y de Unió defenderá que los más de 850 millones de euros para armamento vayan a parar a programas sociales que gestionan las comunidades autónomas, en concreto a "combatir la pobreza infantil, impulso de las guarderías, incrementar las políticas de becas, dar respuesta al nivel convenido en dependencia (previsto en la ley e incumplido sistemáticamente en esta legislatura), destinar al fondo de cohesión sanitaria o a las políticas activas de empleo que gestionan las comunidades autónomas".
El BNG, por último, defenderá en el Pleno del Congreso del martes suprimir íntegramente los artículos del decreto que se refieren al pago de los programas de armamento por considerar "indecoroso y ofensivo" que, al mismo tiempo, se practiquen recortes en prestaciones y servicios públicos básicos, que se impongan copagos y aumenten los impuestos indirectos".
