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Sevilla

El detenido por el desalojo de la Corrala pide su absolución y el fiscal mantiene su acusación

Afronta una petición de 18 meses de cárcel y 1.500 euros de multa por presunta desobediencia y atentado contra la autoridad

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El hombre acusado de delitos de desobediencia y atentado contra la autoridad por enfrentarse supuestamente a la Policía Nacional cuando sus agentes intentaban impedir que se encerrasen en la Catedral de Sevilla las personas desalojadas de los números 2, 4 y 6 de la avenida de las Juventudes Musicales, propiedad de Ibercaja, ha defendido su inocencia y ha pedido su libre absolución en el juicio celebrado este jueves en su contra, según han informado a Europa Press fuentes del caso.

   La Fiscalía, que solicitaba para él 18 meses de cárcel y 1.500 euros de multa, por presuntos delitos de desobediencia y atentado contra la autoridad, ha mantenido su escrito de acusación pero según  las citadas fuentes, habría admitido ante el juez el valor de una testigo aportada por la defensa de este hombre, llamado José Luis, que no corroboraría la tesis de la Policía Nacional en cuanto a lo acontecido aquel 6 de abril de 2014 a las puertas de la Catedral de Sevilla.

   También habría testificado, a propuesta de la defensa, un profesional de los medios de comunicación, siendo aportados también vídeos y fotografías de los incidentes.

OTRO DETENIDO

   Recordemos que de otro lado, Carlos C.C., detenido del mismo modo por un presunto delito de atentado a la autoridad también durante el desalojo de las familias que habitaban sin título alguno los números 2, 4 y 6 de la avenida de las Juventudes Musicales, aceptó a finales de abril de 2014 una condena de un año de cárcel por un delito de atentado a la autoridad, una multa de 120 euros por una falta de lesiones y una indemnización de 200 euros por este mismo concepto, según informaban a Europa Press fuentes del caso. Su condena, no obstante, quedaba suspendida durante dos años.

   El desalojo, consumado a través de un numeroso y amplio despliegue policial, concluyó con la expulsión del colectivo de familias que habitaba estas viviendas pese a carecer de título alguno, el arresto de Carlos C.C. durante la propia operación de desalojo y la detención de un segundo varón, José Luis, durante el intento protagonizado por este colectivo para organizar un encierro en el interior de la Catedral de Sevilla.

   Estas personas, como es sabido, acamparon posteriormente en la Plaza Nueva en demanda de soluciones a su situación, tras lo cual la Consejería de Fomento y Vivienda, dirigida entonces por IU-CA, entregó viviendas públicas a estas personas, desencadenando una cruda crisis en el gobierno de coalición que entonces unía a PSOE e IU-CA en la Junta de Andalucía.

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