La experta propuesta por el PSOE para la subcomisión del Congreso que estudia la reforma de la Ley del Aborto pidió ayer, durante su comparecencia en este foro, que la interrupción voluntaria del embarazo se saque del Código Penal.
Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres, no se ha limitado a exigir que se despenalice esta práctica sino que ha ido más allá al asegurar que el aborto es “un elemento de garantía” y que, por lo tanto, nunca debe ser considerado como un delito.
A su juicio, el Código Penal debe “exclusivamente” penalizar el aborto que se realiza “en contra de la mujer” mientras que la interrupción voluntaria del embarazo tendría que regularse por una Ley del ámbito sanitario que lo aborde como “algo de salud pública”.
Soleto cree que esa normativa tendría que aglutinar ámbitos “muy relacionados” con la salud como la prevención de embarazos no deseados o la educación afectiva sexual.
“El aborto es un elemento de garantía, no debe ser un delito despenalizado sino que tiene que estar íntimamente relacionado con los derechos sexuales y reproductivos”, agregó.
Desde esta óptica, esgrimió que “la única forma de solucionar” la situación de inseguridad e indefensión jurídica que viven las mujeres españolas es situar el aborto “fuera del Código Penal”.
Justa Montero, coordinadora estatal de organizaciones feministas y elegida por IU para desgranar sus puntos de vista en la Subcomisión, sostuvo que cualquier razón expuesta por una mujer para abortar es legítima.
A su juicio, se debe respetar su libertad de decisión ya sea por motivos de salud, económicos o “porque haya sido un embarazo muy deseado pero en el transcurso del embarazo haya situaciones particulares de vida, o sus relaciones personales y afectivas, que hagan que no se vea en condiciones de llevarlo adelante”.
El presidente del Foro Español de la Familia, Benigno Blanco, ha llevado a la Cámara la voz de las organizaciones pro-vida, al defender que “la única solución progresista legal frente al aborto es proteger, siempre y en todos los casos, la vida del no nacido”, así como a la mujer para que “nunca se vea abocada” a poner fin a la vida de su hijo por “falta de solidaridad social”.
Blanco denunció “una situación de violencia machista y de coacción de género contra la mujer” porque todo su entorno social, laboral y sentimental “la deja sola ante sus problemas”.
“La Ley las deja abandonadas, susceptibles al chantaje emocional y laboral como consecuencia de un embarazo”, agregó, para ofrecerlas sólo “la salida fácil del aborto”.
Por esta razón, reclamó a los diputados de todos los grupos políticos que “más allá de lo que propongan al Gobierno” sobre la nueva Ley se preocupen de exigir “solidaridad activa de las políticas públicas con la mujer embarazada”.
El experto propuso una “pedagogía pública frente al aborto” como se hace sobre los accidentes de tráfico o el consumo del alcohol y el tabaco, con la implicación de la sociedad y de los medios de comunicación.
“Si dejásemos de mirar hacia otro lado e hiciéramos pedagogía de que el aborto siempre es un drama terrible, probablemente lograríamos también reducir su número”, sentenció.
Tres mujeres embarazadas se enfrentaban a esta encrucijada portando en sus vientres fotos, una del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, otra de la presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso y ex ministra, Carmen Calvo, y otra de la titular del Ministerio de Igualdad, Bibiana Aído.
