El tiempo en: Chiclana
Publicidad Ai
Publicidad Ai

Sevilla

El TSJA plantea reforzar los juzgados de lo Mercantil para aminorar el colapso

Propone incorporar uno o dos jueces de Adscripción Territorial (JAT) con un secretario y que lleguen más funcionarios después de una reunión mantenida entre el presidente del Alto Tribunal andaluz, Lorenzo del Río, y el juez decano de Sevilla, Francisco Guerrero

Publicidad Ai
Publicidad AiPublicidad Ai
Publicidad Ai
Publicidad AiPublicidad AiPublicidad Ai
Publicidad Ai
Publicidad AiPublicidad Ai

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) está estudiando una propuesta para reforzar los juzgados de lo Mercantil de Sevilla y así tratar de contrarrestar la situación de colapso que padecen estos órganos judiciales, y que ha motivado que incluso el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, haya abierto una queja de oficio.

   Fuentes judiciales han informado de que, este mismo miércoles, el presidente del Alto Tribunal andaluz, Lorenzo del Río, y el juez decano de Sevilla, Francisco Guerrero, mantuvieron una reunión con los cuatro jueces de lo Mercantil --dos titulares y otros dos de refuerzo-- para analizar la actual situación de estos órganos judiciales.

   Tras este encuentro, surgió la propuesta, actualmente en estudio, de reforzar estos juzgados, para lo cual se ha planteado la posibilidad de destinarse a los mismos uno o dos jueces de Adscripción Territorial (JAP) del total de siete que seguramente vayan destinados a Sevilla, han indicado las mismas fuentes.

   Además, y según recoge esta propuesta aún en estudio, se solicitaría al Ministerio de Justicia una plaza más de secretario de refuerzo y se pediría a la Consejería de Justicia e Interior que destinara más funcionarios de refuerzo.

LA QUEJA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ

   El Defensor del Pueblo Andaluz, por su parte, ha incoado una queja de oficio frente a la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía por la situación que padecen los juzgados de lo Mercantil de Sevilla, que soportan importantes "dilaciones" y un volumen de asuntos muy superior a los establecidos.

   En la resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, pone de manifiesto que "desde hace varios años venimos asistiendo con creciente preocupación a la continua y progresiva recepción de escritos de queja, dirigidos por ciudadanos y profesionales del ámbito de la Administración de justicia, presentando sus reclamaciones sobre variados aspectos del funcionamiento de los órganos judiciales radicados en Andalucía".

   A juicio del Defensor, estas quejas son "ejemplos claros de algunos de los graves problemas que afectan" a la Administración de justicia y que han sido motivo de análisis específicos por parte de las memorias del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) y del propio Defensor del Pueblo Andaluz, a través de sus informes anuales al Parlamento, junto a los propios diagnósticos de la Consejería de Justicia e Interior.

   Al hilo de ello, asevera que "la situación actual de crisis económica y la repercusión legal y judicial que esta recesión ha generado en los operadores del mundo económico, financiero y laboral ha motivado el incremento, harto previsible, de multitud de iniciativas que han terminado residenciándose en los juzgados de lo Mercantil en virtud de su competencia especializada relacionada con este peculiar ámbito de las relaciones jurídicas".

   El Defensor, que ha incoado la queja tras recibir un escrito donde un particular expresa su "grave preocupación" por la situación de los juzgados de lo Mercantil, puesto que ha sido citado para el acto de audiencia previa para junio de 2017, asevera que la situación general que expresa el funcionamiento de estos juzgados "parece inducir una problemática que va más allá de determinados ejemplos concretos y que podría constituir, a falta de profundizar en el análisis del caso, una situación consolidada de inadecuada prestación del servicio judicial en los órganos sevillanos de lo mercantil".

   Por ello, el Defensor solicitó a la Consejería de Justicia e Interior un informe sobre la realidad del problema expuesto y sus posibles soluciones, "al objeto de poder también dar cuenta a la ciudadanía y a los operadores jurídicos que a nosotros se han dirigido".

TE RECOMENDAMOS

ÚNETE A NUESTRO BOLETÍN