El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número nueve de Sevilla ha aplazado la vista que tenía fijada para el miércoles de la semana que viene, a fin de resolver el recurso promovido por Facua-Sevilla, contra la ampliación del servicio público de estacionamiento en superficie regulado por precio o zona azul. Rubén Sánchez, portavoz de Facua-Sevilla, ha informado a Europa Press de que la vista ha sido aplazada por aspectos de forma del procedimiento judicial.
El pasado 18 de junio de 2014, como se recordará, entró en vigor la ampliación del servicio público de estacionamiento en superficie regulado por precio o zona azul, que contempla casi 190 calles, avenidas y plazas sometidas a esta figura de pago. A través de esta medida, la sociedad Aparcamientos Urbanos de Sevilla (Aussa), participada en un 51 por ciento por la sociedad municipal Transportes Urbanos de Sevilla (Tussam), pasaba a explotar 7.553 plazas de estacionamiento como zona azul a partir de las 4.112 que hasta entonces estaban sometidas a esta figura.
Todas estas plazas de estacionamiento se reparten entre las zonas Macarena, Centro, Luis Montoto, Viapol, Pirotecnia, Bami y Los Remedios, porque la isla de la Cartuja sigue pendiente de ser incorporada a este sistema. La implantación de la zona azul, no obstante, ha despertado voces contrarias en barrios como Bami, donde los comerciantes señalan sus efectos sobre sus ventas como consecuencia de que quienes visitan el barrio no se entretienen en hacer compras para evitar costes por la zona azul.
Como consecuencia de las voces contrarias a la ampliación de esta figura de servicio sometido a pago, el Ayuntamiento planea en estos momentos una modificación de la zona azul para eliminar 16 plazas y reducir la categoría, y con ello la tarifa, de más de 1.500 plazas.
Media en el asunto una impugnación de Facua-Sevilla, por la vía Contencioso-Administrativa, contra el conjunto del procedimiento, formalizado a través de una resolución del concejal de Movilidad, Juan Bueno, con los nuevos términos del servicio y un anexo con los nombres de las calles, avenidas y plazas cuyas áreas de aparcamiento están afectadas por la zona azul. Y es que según Facua, "esta medida debería haber formado parte de la ordenanza fiscal y no cabe admitir que haya sido recogida en una resolución posterior, incumpliendo de ese modo los requisitos procesales que establece la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en especial en su artículo 17".
"Las calles afectadas por la zona azul deben ser reguladas mediante ordenanza municipal, conforme a lo establecido en el artículo 20 de la Ley 58/02003 General Tributaria y artículo 16 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, con el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales", señalaba Facua, que invoca la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
