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IU se compromete a aprobar el plan de vivienda y rehabilitación que dejó en Fomento si PSOE no lo impulsa

Toni Morillas y Dolores Quintana advierten que "el desmantelamiento de las políticas de IU por parte del PSOE tendría un coste inasumible no sólo en términos de desprotección del derecho a la vivienda, sino de pérdida de fondos y de destrucción de empleo".

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La responsable provincial de Política Institucional de IU, Antonia Morillas, y la 'número dos' de la candidatura por Málaga para las elecciones andaluzas del 22 de marzo, Dolores Quintana, han expresado este lunes el compromiso de la coalición para aprobar el plan de vivienda y rehabilitación que, antes de la ruptura del pacto, la formación dejó preparado en la Consejería de Fomento y Vivienda si el PSOE no lo saca adelante.

   Ambas dirigentes han advertido de que "el desmantelamiento de las políticas de IU por parte del PSOE tendría un coste inasumible no sólo en términos de desprotección del derecho a la vivienda, sino de pérdida de fondos y de destrucción de empleo".

   Por eso, han reclamado la "urgente" aprobación de dicho plan, con una inversión de 1.000 millones de euros hasta 2020, y, en cualquier caso, se han comprometido a ponerlo en marcha una vez acaben las elecciones autonómicas.

   Asimismo, IU ha exigido el cumplimiento de todos los compromisos adquiridos por la Consejería de Fomento y Vivienda con el Ministerio en el marco del Plan Estatal hasta 2016: 178,3 millones de euros --137 del Gobierno y 41,3 de la Consejería--.

   Según han criticado, la política de vivienda y rehabilitación del Gobierno andaluz "ha perdido en sólo dos semanas toda la credibilidad que le dio IU en dos años y ocho meses", en los que, han defendido, el equipo de la exconsejera Elena Cortés realizó un trabajo "constante, transparente y con prioridades claras".

   En palabras de Morillas, IU ha defendido y desarrollado en Andalucía políticas que "han atacado la bóveda del capitalismo y que se han basado en la defensa de la función social de la vivienda, la lucha contra la especulación y los abusos financieros y el impulso a la reconversión del sector de la construcción a través de la rehabilitación de edificios y espacios públicos".

   "Convertimos gran parte de las reivindicaciones de la calle en ley y nos opusimos a los abusos de los poderes financieros contra los más débiles y evitamos más de 6.000 desahucios en toda la Comunidad y 1.265 en la provincia, hasta que el PP recurrió la Ley de la Función Social de la Vivienda", ha sostenido, agregando que tanto el PSOE como el Partido Popular se han caracterizado por "atacar" estas políticas.

   Por su parte, Quintana ha insistido en que IU "va a hacer un marcaje al Gobierno socialista para que cumpla los programas, medidas y compromisos adquiridos", advirtiendo de que "nos encontramos en alerta roja" y exigiendo "el mantenimiento completo del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda".

   Han recordado las actuaciones que la coalición de izquierdas dejó en marcha en materia de vivienda y rehabilitación, entre ellas, las denuncias de los incumplimientos del Código de Buenas Prácticas por parte de las entidades financieras, algo para lo que han reclamado al PSOE que colabore con la Fiscalía y que "siga dando traslado de todos los incumplimientos".

   Asimismo, han pedido que "se mantenga el carácter público, sin ventas a fondos buitres, de las más de 80.000 viviendas del parque público andaluz, y que se paralicen todos los desahucios en este parque por causa de empobrecimiento sobrevenido".

   Por otro lado, la 'número dos' de la candidatura de IU ha alertado de que el PSOE ha quitado la partida completa de 15,5 millones de euros que iba dedicada a actuaciones en viviendas públicas de barriadas vulnerables de Andalucía en 2015, explicando que "al retirar este dinero se pierden a su vez 5,8 millones del Ministerio para el presente año y se comprometen otros 4,5 millones para 2016 y 2017, ya que eran actuaciones cofinanciadas".

   Del mismo modo, Quintana ha recordado que IU también dejó previstos para 2015 más de 26 millones de euros en ayudas al alquiler, destinados a inquilinos de vivienda pública con dificultades para pagar la renta y con ingresos familiares inferiores a 1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), y a familias en proceso de desahucio por situación de emergencia social.

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