El hombre identificado como A.B.G. al que el Juzgado de lo Penal número tres de Jaén tenía previsto juzgar este jueves por unos supuestos delitos de abusos sexuales, y que fue detenido el año pasado tras el robo de unos vídeos registrado en su domicilio de la capital jiennense, ha aceptado una condena total de tres años y seis meses de cárcel por tres delitos.
De esta manera, el juicio señalado para este jueves --fijado inicialmente para el 20 de noviembre, pero que tuvo que ser suspendido por incomparecencia del acusado--, se ha resuelto con un acuerdo de conformidad entre la Fiscalía, la acusación particular y la defensa, según han informado a los periodistas los abogados que ejercen las dos últimas partes citadas, Pablo Salido y Manuel Ozáez, respectivamente.
En concreto, el acusado ha sido condenado a una pena de dos años y seis meses de prisión por un delito de abusos sexuales continuados, a otra de nueve meses de cárcel por un delito de exhibicionismo, y a una tercera de tres meses por tenencia de material pornográfico con menores. La condena total asciende a tres años y seis meses, menor a las inicialmente solicitadas por la acusación particular y la Fiscalía, que ascendían, respectivamente, a seis y cuatro años y medio de prisión.
Además, el encartado tendrá que abonar una indemnización de 5.000 euros en concepto de responsabilidad civil, y no podrá acercarse a menos de 200 metros de la víctima durante el tiempo de la condena, al igual que quedará inhabilitado para ejercer actividades profesionales o recreativas con menores por el mismo periodo de tiempo.
Así las cosas, el procesado tendrá que entrar en prisión, aunque se le descontará de la pena total el tiempo --aproximadamente un mes-- en el que permaneció provisionalmente en la cárcel tras su detención, efectuada en diciembre del pasado año, según ha informado su abogado.
Cabe recordar que A.B.G. fue detenido a partir de unos vídeos sustraídos en el interior de su domicilio de Jaén, e inicialmente entró en prisión, si bien en enero el Juzgado de Instrucción número dos de la capital determinó su puesta en libertad provisional después de que el joven que había entregado los vídeos reconociera que había accedido a la vivienda del acusado "con la única y exclusiva finalidad de encontrar pruebas que incriminen al imputado y hacerlas llegar a la Policía".
Al hilo de esta confesión, el juez que dejó al acusado en libertad entendió que las grabaciones en las que se sustenta la investigación "pueden ser consideradas prueba ilícita y no tenidas en cuenta".
