La celebración del Día Internacional de la Discapacidad ha sacado a la calle a asociaciones que atienden a personas con discapacidad física y psíquica y a autoridades políticas. Todos participaron en una marcha solidaria que partió desde la plaza de la Constitución hasta el IES Santa Catalina de Alejandría, donde se celebró un acto institucional con lectura de manifiesto y actividades reivindicativas bajo el lema 'Iguales pero diferentes, la diversidad nos enriquece'.
La delegada del Gobierno, Purificación Gálvez; la delegada de Igualdad y Políticas Sociales, Ángeles Jiménez; y la diputada de Igualdad, Adoración Quesada, portaron la pancarta y encabezaron la marcha solidaria junto a representantes de las asociaciones. No acudieron miembros de 'Fejidif' porque “no había nada que celebrar”, y con su ausencia denunciaron los incumplimientos de las administraciones con el colectivo en cuestiones como el transporte público interurbano, que sigue sin ser accesible, y la situación de los Centros Especiales de Empleo, afectados por la falta de subvenciones a pesar de tener empleadas a cerca de 1.500 personas con discapacidad.
El 3 de diciembre se convirtió en un día de denuncia y de esperanza, según valoraran las organizaciones o las autoridades políticas. En la provincia hay registradas 39.049 personas con discapacidad, casi 9.000 en la capital.
Los colectivos defendieron que hay una “alta tasa de desempleo entre personas discapacitadas en edad de trabajar”, que alcanza el 70%; que las “barreras arquitectónicas siguen existiendo”, que los recortes están ocasionando un “retroceso en los derechos conseguidos”, y que las ayudas económicas no llegan y se están recortando programas de atención que estaban consolidados.
Desde Aprompsi se denunció el “brutal” recorte de los recursos. “Ni siquiera llegamos al mantenimiento de servicios que teníamos concertados desde hace tiempo”, dijo la vicepresidenta, Ana Quílez. En la misma línea se pronunció el Consejero territorial de la ONCE en Jaén, Francisco A. Antolín, que demandó respaldo institucional para los dependientes, ante la “merma de sus ingresos y derechos”.
Gálvez aseguró que están comprometidos con las personas discapacitadas y lo ejemplificó con el anteproyecto de Ley de los Derechos y Atención a las Personas con Discapacidad. “Priorizamos el empleo reservando el 5% de los contratos de servicio de logística, lavandería para las empresas con una plantilla con un 70% de discapacitados, se reserva el 4% de viviendas de protección oficial para discapacitados, la atención en Sanidad es integral y en Educación la integración es real”, dijo.
Hasta el 31 de octubre, el centro de valoración ha realizado 4.440 resoluciones de reconocimiento de grado de discapacidad.
